Al justificar su postura, los ediles coincidieron en que el sistema que se pretende implementar no hace a la construcción de una política integral de seguridad.
Otro de los argumentos esgrimidos por el Frente para la Victoria fue que desde que se aprobó la emergencia en materia de seguridad en 2009 no hubo mayores novedades en el tratamiento de la problemática.

Y denunciaron: “incluso cuando se le dio pleno poder al Ejecutivo para dar destino a los más de 13 millones de pesos transferidos por el Gobierno nacional para la instalación de unas 400 cámaras en las calles y unos 125 gps en los móviles policiales”.

Sin embargo, al concluir, los legisladores locales del espacio K aclararon: “no nos oponemos a la utilización de estos recursos ni al monitoreo”. “Simplemente – concluyeron – pretendemos una discusión seria de la cuestión de fondo, que contemple mayores precisiones y una planificación más adecuada de este tema tan sensible para los marplatenses y batanenses”.