Los defensores Fernando Rizzi y Walter Rodríguez explicaron que en el caso “se observa un claro caso de desobediencia a una orden municipal”, y en haber generado a partir de tal conducta, un claro “empobrecimiento cultural” para la comunidad marplatense y turística, por despojarla de una construcción que se había convertido en un ícono barrial del barrio “Nueva Pompeya” por sus valores arquitectónicos, paisajísticos e históricos.

“El derecho a la preservación del patrimonio cultural es un derecho colectivo reconocido por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que se disfruta conforme a las normas vigentes, que en este caso han sido burladas por los responsables de la propiedad” sostuvieron.

Y concluyeron: “Es inadmisible este accionar clandestino que atenta contra nuestra historia ciudadana y nuestra identidad. Por eso esperamos que la Justicia actúe”.