Vidal envió a la legislatura bonaerense tres proyectos de ley que comprenden la Reforma integral de la Justicia de la provincia de Buenos Aires: uno correspondiente al procedimiento laboral, el otro referente al Código Procesal Penal orientado a la víctima y el restante sobre la reforma de selección de magistrados. Estas iniciativas se suman a otros dos ya presentados como la creación del mapa judicial y la modificación al procedimiento del Jury de enjuiciamiento de magistrados.

Con este nuevo envío el gobierno bonaerense busca una nueva Ley de Procedimiento Laboral ya que la actual data de 1995. Buscará tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.

"Hace dos años asumimos con el compromiso de cambiar, y no había cambio posible si no cambiábamos las reglas de juego de la política y de la forma de funcionamiento de esta Provincia durante más de 28 años”, sostuvo Vidal y agregó “no había cambio posible si no enfrentábamos a las mafias, al narcotráfico y la corrupción adentro y afuera del Estado”.

La gobernadora dijo “si no cambiábamos lo que estaba mal dentro de la policía o del servicio penitenciario no había cambio posible” y remarcó “no podemos tener un Estado que mira para otro lado cuando todavía en el plano de la Justicia siguen pasando cosas injustas".

Vidal hizo estas declaraciones durante el anuncio de la Reforma Integral del Sistema de Justicia que se desarrolló en la Casa de Gobierno provincial en La Plata. Acompañaron a la gobernadora el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y familiares de víctimas como Matías Bagnato, Carolina Píparo, Jimena Aduriz, María Luján Rey, Karina Massa, Raquel Berthi y Patricia Rodríguez.

La mandatoria resaltó que "toda esta reforma fue hecha en conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con la Procuración, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, incluso con legisladores de distintas fuerzas” y dijo que “es el resultado de un diálogo. Esperamos que la Legislatura le de la prioridad que se merece, que haga los tratamientos en comisión que hagan falta y un rápido tratamiento y sanción".

Manifestó que "tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito. No podemos mirar para otro lado si tenemos causas que tardan años, o si alguien es acusado de un delito grave como abuso puede estar diez años en la calle. Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima, no al victimario".

"Si los jueces y fiscales no son bien elegidos, no están entre los mejores y cuando no actúan de acuerdo a la ley no se van, entonces no tenemos instancia de confianza posible", prosiguió, y destacó que "queremos que no alcance con el título de abogado para ser juez o fiscal" y planteó que deben cumplir, al menos, "un año y medio adicional de capacitación para presentarse a un concurso por una vacante".

Por otra parte, Vidal aseveró que "el Código Procesal Penal no contempla la voz de las víctimas, cómo debe ser escuchada en el proceso penal", por lo que se debe incorporar que "cuando un juez tenga que decidir sobre una libertad condicional o beneficio de excarcelación, tenga por obligación convocar a la víctima, o a un familiar de la víctima o a sus abogados, que tenga que escuchar esa voz antes de tomar una decisión. La primera etapa de la reforma no sólo implica un cambio de leyes, sino un cambio cultural, tomar decisiones de fondo".

"Algo bueno está pasando si el Poder Judicial es parte de la reforma, si siente que tiene algo que cambiar, si quiere ser protagonista de eso, si la legislatura tiene vocación de tratar estos proyectos. Entre todos podemos ir haciendo los cambios profundos que en la Provincia no se dieron durante décadas", planteó.

Por su parte, Ferrari señaló que "la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires es entender que la Justicia es un servicio y no una herramienta política, y por lo tanto vamos a trabajar sobre los actores y las normas del sistema" y ratificó que "la víctima está en el centro del proceso penal" y no "el victimario", por lo que "vamos a enfocar al Estado en esa defensa".

El gobierno bonaerense busca una nueva Ley de Procedimiento Laboral. Buscará tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.

Respecto de la elección de magistrados el proyecto contempla que todos los que quieran ser jueces o fiscales tendrán que asistir obligatoriamente a la Escuela Judicial, algo que hoy no se da. Para lograr transparencia los exámenes orales serán filmados y se contemplará un orden de mérito para acceder a los cargos.

A su vez impulsa un nuevo Código Procesal Penal para garantizar la participación de la víctima durante el proceso judicial. La reforma busca que la víctima pueda conocer y participar en las decisiones que tome el juez a lo largo de todo el proceso, y que tenga voz en casos como otorgamientos de juicios abreviados, salidas transitorias o libertad condicional. Cuando los jueces no permitan participar a la víctima, los actos serán nulos. Entre otros puntos, la reforma intenta reducir la cantidad de recursos que puede utilizar un delincuente para evitar la prisión.

Mientras, el gobierno provincial sigue trabajando en un nuevo Código Contravencional para cambiar el vigente que tiene más de 40 años. Será en junio la presentación del proyecto que creará nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores sin llegar a la aplicación del Código Penal y apuntará a la reparación del daño que compense a la víctima.

En octubre, además, se presentará un nuevo Código Procesal Civil y Comercial con el fin de agilizar y bajar los costos de los procesos, buscando más juicios orales que escritos para poder resolver más cuestiones en menos tiempo y con mayor contacto entre el vecino y el juez.

Y hacia fin de año se hará una presentación de un nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para contar con las dependencias que se necesitan donde hacen falta, eliminando aquellas que prácticamente no funcionan y determinando la cantidad y distribución de los juzgados según criterios de necesidad y no de conveniencia.

Para 2019 está previsto trabajar en la formación y capacitación permanente de los abogados, para asegurarles a los bonaerenses que quienes defienden sus derechos cuenten con una formación profesional adecuada.