Por Pablo Farías
Diputado Provincial MC GEN
El año nuevo nos sorprendió con la noticia que el gobierno de Cambiemos quiere bajar la edad de imputabilidad, intentando hacernos creer que el problema de la inseguridad se resuelve con más jóvenes presos y no con medidas que mejoren la educación y brinden oportunidades laborales dignas para su futuro.
La incidencia de los menores entre 14 y 16 años en la comisión de delitos es cercana al 15%. El problema de la inseguridad no debe buscar resolverse encarcelando más jóvenes sino previniendo el delito, con medidas integrales que permitan el desarrollo económico, social y educativo de los ciudadanos.
La baja de edad sola es solamente una “bomba de humo” que no resuelve el problema que sólo persigue el efecto de confundir y enfrentar a la sociedad en una discusión que no resuelve el problema de fondo. El ámbito de debate debe ser el Congreso de la Nación, sin golpes de efecto ni anuncios rimbombantes y vacíos de contenido.
Hay que discutir la reforma del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, como lo venimos planteando hace tiempo, que anticipe y evite la multiplicación de las víctimas. Pero sobre todo hay que generar políticas de estado apuntadas a este sector de la sociedad, que nos permita pensar sobre todo que clase de adultos queremos.
Fue la propia UNICEF quien destacó la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores, pero se pronunció contra bajar la edad de imputabilidad, al sostener que “existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la reinserción escolar y laboral”.
En materia de políticas juveniles, es necesario pensar en la integralidad de la política, empezando por reformular el sistema educativo, la escuela secundaria y la atención efectiva de las adicciones como un problema de salud pública.
El promedio de edad de abandono de la escuela es a los 14 años, lo que nos debe preocupar es qué hacer para que un chico de esa edad no abandone la escuela. Hay que terminar con esta escuela expulsiva y que a los chicos no les enseña nada. Aspiramos a tener jóvenes escolarizados, recibiendo por parte del estado educación de calidad, que tengan esperanzas en su propio futuro.
Éstos jóvenes deben poder ver que sus padres y abuelos tienen trabajos y sueldos dignos, que les permitan llegar a fin de mes sin mayores esfuerzos. Los jóvenes necesitan ver que el futuro de esfuerzo y trabajo -como lo vieron nuestros padres y nuestra propia generación- es mucho más redituable tanto económica como socialmente que el camino del delito.
Para evitar los delitos necesitamos policías profesionales, terminar con la corrupción policial, realizar inteligencia criminal, confeccionar mapas del delito, eficacia en la prevención del delito, que la justicia actúe en tiempos razonables y preservando los derechos y garantías sobre todo de las víctimas y finalmente instituciones carcelarias que promuevan -en condiciones dignas- la reinserción y no que se conviertan en academias del delito.
Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.