Cada tanto , pero en forma recurrente, periodistas, políticos y estudiosos, reabren esta dolorosa polémica, en forma casi impúdica, fundamentando sus opiniones en argumentos subjetivos, dejando de lado concluyentes pruebas, que hacen rondar esa cifra entre las 25 a 30 mil personas.

Se argumenta que la CONADEP contabilizó 9.800 víctimas, cifra esta que se redujo a 6.348 personas, cuando en el año 2016, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, depuró los listados al crear el “Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado”

Este tema, tiene varias aristas, bien manipuladas por ciertos sectores negacionistas, que al amparo de una política estatal de desaprensión hacia la verdad histórica, alimenta cada día más, la reducción a la mínima expresión de esta tragedia argentina.

En primer lugar, no debe olvidarse el contexto histórico en el que se desarrollaron estos hechos. Si este extremo no es considerado, entonces pocas posibilidades existirán de comprender lo que ocurrió realmente y la conclusión puede ser cualquiera, la que se le antoje a quien quiera. Si por el contrario, la realidad es analizada en dicho contexto, repararemos en que, aunque sea en contra de nuestra voluntad y querer, la conclusión puede ser otra.

Es acá, donde conviene efectuar la siguiente aclaración: la Conadep nunca denunció 9.800 desapariciones. Esta Comisión, entregó al Poder Ejecutivo un informe, el cual consistía en que 9.800 personas denunciaban la desaparición en manos de Fuerzas del Estado Argentino, de alguno de sus familiares. Para probar tal extremo, posteriormente el Estado Argentino sancionó una serie de leyes que ponían en manos de la justicia, determinar si una persona estaba o no desaparecida.

El “Registro Unificado de Victimas de Terrorismo de Estado”, es un brillante documento, que depuro aún mas esa cifra, pero haciendo hincapié en los casos que estaban judicializados, con lo cual no es la palabra final sobre la cantidad de desaparecidos en Argentina.

En segundo lugar, se pone el acento sobre el “gasto en reparaciones” que debe afrontar el Estado. Veamos.

Según un cálculo del “Centro de Estudios Legales y Sociales”, para año 2002, se habían concedido 5.665 beneficios por desapariciones forzadas de personas y por asesinatos 937, sobre 1648 peticiones,una cifra muy exigua, si nos atenemos a las declaraciones formuladas por Camps, el 22 de diciembre de 1983 a la Revista “La Semana”, (Año VII, Número 368). En tal declaración, dijo: “ Mientras yo fui jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desaparecieron unas 5.000 personas. A algunas de ellas, le dí sepultara en tumbas NN”. En el siguiente número de dicha revista , sostuvo la misma versión. No dijo , que hizo con las demás personas, a las que no les dio sepultara.

Es un deber pendiente de Estado, efectuar una publicación acerca del estado actual de los expedientes que tramitan ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a efectos de aclarar de nebulosa situación, lo que traería certeza a este escenario.

En tercer lugar existen cifras ciertas que dan cuenta de la magnitud de esta tragedia, que nos acerca al número de 30.000.

Veamos: En Argentina, entre diciembre de 1975 y octubre de 1983, existieron , según el propio Estado Argentino, 762 Centros Clandestinos de Detención, a lo largo de todo el territorio nacional.

Por el “CCD” de la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), pasaron cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron 400. Por los Centros Clandestinos de Campo de Mayo (“El Campo” y el “Campito”) , unos 7000, sobreviviendo solo 43 personas. Sobre este tema, recomiendo el libro, “El Osario de la Rebeldía », de Enrique Vázquez, que ilustra esta situación.

En la Provincia de Córdoba, funcionaron varios Centros Clandestinos de Detención, (“La Ribera”, “La Perla”, “ La Perla Chica”, “Unidad Penitenciaria Número 1”) contabilizándose unas 4.000 desapariciones en la zona cordobesa. La Provincia de Santa Fe no se quedó atrás: en sus Centros Ilegales de Detención pasaron otras 4.000 personas.

Pero no debemos olvidar a las Provincias del Oeste Argentino, San Luis, San Juan y Mendoza, como así tampoco a las del Este Argentino, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones y menos las del Norte, tales como Tucumán, Formosa, Salta y Jujuy. Nunca se supo, cuantas personas fueron desaparecidas en Tucumán. Asimismo, los juicios en curso en la Provincia de Mendoza, están trayendo novedades, antes desconocidas sobre este tema, que pueden aumentar las cifras. Huelga en consecuencia, hacer números, ante este escenario.

En cuarto lugar, siempre se ha obviado el informe del espía chileno, Enrique Lautaro Arancibia Clavel, quien por mediados de 1978, remitió el siguiente dossier a sus jefes de la “DINA”, agencia estatal chilena de inteligencia, similar a la “SIDE” vernácula:"En estas listas van tanto los muertos "oficialistas" como los "no oficialistas".Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército sito en Callao y Viamonte de esta capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado mayor General del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/0 A.1 E.A. y al Anexo 748 89.75 id.. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados "por izquierda" .. Se tienen computados 22,000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. Luís Felipe Alemparte Díaz"

Tal informe, se encuentra incorporado a muchas causas judiciales, concluidas o en curso, sin embargo, el Estado Argentino y todas sus agencias dedicadas al estudio de nuestro pasado, poco ha hecho en la investigación en base al mismo que se encuentra a resguardo en la Universidad Chilena, “ Alberto Hurtado”.

Por último en quinto lugar, hay ejemplos prácticos, casi diría didácticos, que demuestran la inutilidad de ceñirnos a una suma o resta aritmética en este tema, dejando de lado una rigurosa investigación histórica.

Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo y madre de Carlos Estaban Alaye, nacido en Adolfo Alsina, Provincia de Buenos Aires, pero crecido y educado en la ciudad de Azul, pues Adelina fue Maestra del Jardín 901 de dicha ciudad, secuestrado el 5 de Mayo de 1977, fue autora de una gran obra, al que la justicia nunca presto atención. Se tituló: “La Marca de la Infamia” Asesinatos, Complicidad e Inhumaciones en el Cementerio de La Plata”, (La Comuna Ediciones- Año 2008).

En su investigación Adelina, rescató 24 cuadernos de anotaciones pertenecientes a dicho nosocomio. Casa cuaderno, contenía 1800 inhumaciones, la mayoría de personas, enterradas como “NN”, cuya causa de muerte fue: “Herida por Proyectil de Arma de Fuego o Destrucción de Masa Encefálica”. En el facsímil adjunto, se observa el destino final de todas las víctimas, fue el osario, con lo cual nunca se las podrá individualizar. Solo una de ellas pudo ser identificada. Se trata de la víctima que lleva el Acta de Inhumación Número 40516, abatida el 29 de Junio de 1976, cuerpo correspondiente a Daniel Ángel Román Suárez, secuestrado el 19 de Junio del año 1976 en la ciudad de Mar del Plata. Gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense, su cuerpo fue identificado en el año 2011.

Román Suárez, fue secuestrado junto a otras 7 personas, cuyo destino se ignora, como se ignora quienes eran las otras once personas muertas ese 29 de Junio. La prueba de estas muertes, se encuentran en este comunicado: “El Comando de Zona I …Informa que en horas de la madrugada del 29 de junio, elementos subversivos atentaron contra distintas reparticiones policiales de la zona de La Plata. Como consecuencia de los mismos y producido el despliegue de fuerzas conjuntas, se produjeron enfrentamientos con extremistas en distintos sectores de la ciudad, resul- tando muertos 12 elementos subversivos. Solo unos pocos lograron fugar en algún vehículo que se encontraba en apoyo. Se capturaron, entre otras armas, algunos FAL, pistolas ametralladoras y granadas de guerra. En el interior de los vehículos secuestrados se hallaron planos de las dependencias policiales sobre las que se pretendió atentar. Los efectivos conjuntos intervinientes no sufrieron bajas, salvo dos heridos de carácter leve".. (Diario “La Opinión”, 30 de Junio de 1976).

Ante tantas pruebas, es hora que el Estado Argentino, concluya con esta amarga polémica, realice una investigación profunda y determine de una buena vez la cantidad de víctimas del Terrorismo de Estado, por esto también es parte de la Verdad Histórica y no una simple discusión numérica.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.