Con el nuevo pedido de aumento del boleto, sectores de Cambiemos y Unidad Ciudadana nos ofrecen como consuelo, la remota posibilidad de conseguir mejoras en el nuevo pliego de concesión del servicio de
Transporte Publico de Colectivos, al vencerse el actual.

Es claro y evidente que se va a otorgar un nuevo aumento, pero no conformes con esto, siguen insistiendo con mantener privatizado el servicio, con un nuevo contrato de concesión. Pretendiendo ningunear a la Ordenanza Municipal 6979/87 que establece: “Crear la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad del Estado”, sancionada por unanimidad y que fue cajoneada por 31 años para beneficiar a sectores empresariales, por encima de los intereses de la ciudad y los usuarios.

Ya quedó claramente expuesto el fracaso rotundo de las políticas de concesión de servicios y explotación de recursos fiscales, esto lo vemos con los tarifazos, en lo energético y la pérdida de capital y recursos naturales, que son claramente las causales del empobrecimiento argentino. En el caso del transporte en el Partido de Gral. Pueyrredón, podemos encontrar gran parte de la responsabilidad por ocupar los primeros lugares en la desocupación.

Enormes sectores de nuestro partido no tienen acceso al transporte, se le niega a la Ciudad de Batán integrar su territorio y conectividad con Mar del Plata con un boleto plano y un servicio decente. Sierra de Los Padres, Félix U. Camet, Estación Camet y Chapadmalal, como para citar los extremos de nuestra jurisdicción, no han tenido respuestas adecuadas a sus reclamos, mientras las asociaciones que representas a las personas con discapacidades piden unidades de piso bajo, se les impone el fracasado sistema de rampas hidráulicas, dejando 10% de la población sin accesibilidad al transporte.

El boleto universitario, la accesibilidad para personas con discapacidades permanentes o eventuales, la integración del territorio con un sistema de transbordo como ofrece la RIT (Red Integrada de Transporte), pero, estos objetivos son imposibles si el servicio está en manos privadas, las instituciones son a imagen y semejanza de los intereses que las administran, por lo consiguiente si queremos tener un sistema público, éste debe estar administrado por la Sociedad de Estado que establece la ordenanza 6979/87.

Algunos se preguntarán por qué no doy nombres, es que realmente espero que los concejales de ambas fuerzas, Cambiemos y Unidad Ciudadana reflexionen, que no entreguen nuevamente el transportepúblico en manos de empresarios inescrupulosos, procesados por estafar al fisco en la causa de los “Choferes Fantasmas”, que respeten las ordenanzas vigentes y que no coloquen sus nombres en la galería, de los infames sirvientes del poder económico.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.