Cuartango está imputado penalmente por haber cobrado de manera indebida más de 1.500.000 pesos, luego de nombrar a 36 trabajadores en enero de 2015, los que empezaron a cumplir funciones en julio, y a los que le pidió el retroactivo que percibieron por el primer semestre de ese año.

Según se informó, cada uno de los 36 trabajadores debió entregar cerca de 50.000 pesos, muchos de ellos bajo la amenaza de que si no lo hacían iban a perder el puesto.

Además del ex ministro están acusados los entonces director general de Administración, el director de Contabilidad, director de Personal, director de Asuntos Legales, además de dos empleados, quienes formaron parte de un circuito ilegal de liquidación de dinero con el que defraudaron a la administración pública.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el fiscal Paolini, titular de la UFI Nro. 15 de La Plata, que consta con declaraciones testimoniales, documentos y hasta grabaciones de los pedidos de dinero, fueron imputados además de Cuartango, los ex funcionarios Graciela Rolhaiser, Ariel Marcatili, Diego Podaschevsky, Ricardo Narbais y Celina Sarraua.

El lapso en el que se cometieron los hechos fue entre julio y noviembre de 2015 y, según los damnificados -casi todos jóveens- se les pedía el dinero para la campaña presidencial de Daniel Scioli.

En un segundo hecho, la empleada Tamara Barbosa denunció que bajo amenazas tuvo que entregar a autoridades de la cartera de Trabajo 11.000 de los 14.000 pesos de su sueldo; es decir, casi el 80% de lo que cobraba, situación que se habría repetido entre enero y noviembre de 2015.

Por las pruebas recolectadas el fiscal Paolini citó para el 1 de diciembre a las 9 de la mañana a Cuartango, a Rolhaiser para el 4 de diciembre a la misma hora, a Narbais para un día después, a Marcatili para el 6 de diciembre, Sarraua para el 7 y Podaschevsky para el 12 de diciembre.

Los abogados defensores de los acusados y el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Federico Atencio, quien interviene en la causa, ya fueron notificados.