Periódicamente y ante los constantes reclamos de la sociedad bonaerense por el calamitoso estado de la seguridad en este territorio, parece ser que la única respuesta atinada por el Ministro de Seguridad, sigue siendo la de “echar” a varios policías, con un gran despliegue de información al que la mayoría de los medios de información complaciente se prestan con todo gusto.

No importa mucho la causa, si es justificada o no, lamentablemente la inconstitucional ley de prescindibilidad, votada por “los representantes del pueblo”, da para cualquier injusticia, lo que importa es la acción de “echar”, que parece satisfacer a muchos, y la indicación del número de “echados”, que debe aparecer en el título destacado.

Tampoco importa y a nadie le interesa si los “echados”, lo fueron por causas de diez o mas años de antigüedad, durante los cuales el efectivo continuó prestando servicio o permaneció en disponibilidad, todo lo cual no hace mas que señalar la inoperancia de una administración ministerial “flojita en los papeles”,  e incluso sospechada de corrupción de acuerdo a lo que surge de la denuncia por supuestos arreglos en Asuntos Internos.

Sin embargo, a contracara de lo que puede sucederle a un ciudadano de segunda categoría, como lo es el empleado policial, al que incluso se le niega el derecho a defender sus intereses profesionales mediante la organización sindical señalada por la Constitución Nacional “para todos los habitantes”, para peor en un régimen de gobierno que ha hecho de los derechos humanos su caballito de batalla, siendo funcionario político la cosa resulta totalmente distinta.

Como esta categoría ciudadana de privilegio escapa a los regímenes laborales que debe cumplir cualquier otro empleado del estado, por supuesto nunca le alcanzan las sanciones que los mismos prescriben, pero por alguna otra extraña razón ni siquiera cuando irremediablemente deben ser relevados de su función porque su desempeño por acción u omisión haya llegado a ocasionar el escándalo público, serán “echados”.

Esta palabra de por sí molesta nunca alcanza a ningún funcionario político por grave que haya sido su falta, por evidente que aparezca su inconducta, por mas que se lo sorprenda tapado de billetes cuya procedencia no puede precisar, o cualquier otra situación grave como las que se vienen destapando últimamente. En el mejor de los casos para el ciudadano que espera el castigo, el respetuoso “pedido de renuncia” es la única posibilidad.

Tiempos de posibles cambios se acercan en el país, ojalá quiera Dios que las nuevas administraciones entiendan la necesidad de que cuando se “echa” a policías lo sea con causa debidamente certificada en las actuaciones que marca la Ley, y que esa acción alcance a los funcionarios políticos para ejemplo de todos.

MIGUEL ÁNGEL REYNOSO
Secretario General de APROPOBA

(La opinión de los columnistas no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General).