Al respecto, el ministro de Salud y Acción Social de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó que la operación se realizó en un hospital de nuestra ciudad y aseguró que la joven “ha salido de la anestesia y se encuentra estable”.

El funcionario informó además que habló telefónicamente con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien “en todo momento estuvo a nuestra disposición”.

Según Bordet, lo que se ha hecho no es más que “cumplir con el pedido de la madre, con la ley y con lo que determinó la Justicia a través del Superior Tribunal”.

Por su parte, el director de Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, Hugo Casarsa, declaró: “se hizo la práctica solicitada, un aborto no punible. Fue una micro cesárea, y todo salió bien, por suerte“.

Vale aclarar que hubo un acuerdo entre los familiares y los miembros de organizaciones que apoyaron su postura de evitar la difusión de mayores detalles, incluso para evitar la eventual presencia de manifestantes antiabortistas, durante la internación de la chica.

El viernes último, la joven ingresó al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, para someterse a una serie de estudios médicos.

Fuentes oficiales del gobierno entrerriano, indicaron que los médicos locales se negaron a practicar la intervención amparados por la “objeción de conciencia”, razón por la cual fue trasladada, en la madrugada del sábado, a Mar del Plata.

La previa y lo que vendrá

Pese a que el Superior Tribunal de Justicia, a través de su Sala Civil, dictaminó que no hacía falta orden judicial para practicar la operación y que ese aborto no podía ser penado, el viernes se repitió la escena del 27 de agosto.

Ese día, la madre de la joven la acompañó hasta el hospital, donde le habían dado un turno para practicarle el aborto, sin saber que una resolución de la jueza de Menores Claudia Salomón lo impediría.

La magistrada, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la defensora de Menores Marcela Piterson, dispuso que los hospitales públicos y clínicas privadas de Entre Ríos se abstuvieran de practicarle el aborto.

Ese antecedente y la reiterada negativa del hospital San Roque, cuyos médicos plantearon el viernes pasado la objeción de conciencia, llevó a que el Ministerio de Salud de la Nación pusiera en marcha un sigiloso operativo. ”Me resulta increíble que pasen estas cosas. Que intervengan abogados y jueces, que presionen a los padres, a los médicos, que entorpezcan, que ganen tiempo. Basta de perseguir a las violadas“, insistió González García, quien intervino para que la chica no fuera operada finalmente en una entidad privada, como se iba a hacer en un momento, gracias a la gestión de organizaciones de derechos humanos. ”El Estado debe garantizar los servicios públicos“, dijo el ministro.

Además, desde el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Paraná se libró un exhorto firmado por la fiscal Cecilia Bértora con la intención de preservar elementos de prueba indispensables para la causa abierta por la violación de la joven discapacitada mental.

A través de ese escrito, se solicitó la intervención de un juez bonaerense, quien dispuso guardar en una bolsa plástica el material orgánico que se extrajo del cuerpo de la joven.

Eso fue sellado y se labró un acta que firmaron el director del hospital de Mar del Plata, el jefe de Ginecología, la diputada entrerriana Lucy Grimalt -que acompañó a la madre de la joven- y la delegada en Entre Ríos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Cristina Ponce.

La preservación de la prueba es necesaria para poder cotejarla con el ADN del hombre a quien la madre acusó ante la Justicia por la violación. Se trata de un cuñado suyo, que vive a pocas cuadras de su casa, en el barrio Moscón, al oeste de Paraná. Y que, pese a todo, sigue en libertad.

Fuente: Clarín