Las Diputadas Nacionales Vilma Baragiola y Sandra Rioboó, UCR Buenos Aires, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo a los efectos de conocer el registro de ingresos al OCCOVI durante el 6 de agosto del corriente año tras asegurar que el venezolano Antonini Wilson habría visitado esas dependencias luego de ser descubierto con una valija llena de dólares al ingresar a nuestro país acompañado por funcionarios del Estado.
Entre sus fundamentos las bonaerenses aseguran que Wilson recorrió los despachos de Uberti en Paseo Colón 185 y solicitan que “el organismo a través de sus responsables dé a conocer el registro de ingresos y salidas del día 6 de agosto”.
Asimismo, en ocasión de la llegada del vuelo en el que se detectó una una valija con aproximadamente 800.000 dólares perteneciente, en principio, al ciudadano venezolano Antonini Wilson, sin embargo, entre los fundamentos del pedido de informes se agrega que “existen testigos que dicen haber visto al menos tres valijas más de iguales características que fueron oportunamente subidas como equipaje en el auto oficial de Claudio Uberti, sin haber sido escaneadas previamente por el personal de seguridad aeroportuaria merced a la aparente presentación de los correspondientes pasaportes oficiales de los funcionarios en cuestión. De ser cierta dicha versión estaríamos antes un hecho de magnitud insospechada con gravísimas consecuencias”.
Por último, las legisladoras de la Provincia de Buenos Aires aseguran que “resulta altamente sospechoso que mientras un funcionario (Uberti) fuera retirado de su cargo, otros no menos responsables y/o cómplices estén aún en funciones como es el caso de Espinoza – presidente de la empresa ENARSA – y Bereziuk, quien aparentemente estaría desempeñando funciones en el Ministerio de Infraestructura de la Nación a cargo del ministro Julio De vido”.
Rioboó y Baragiola afirmaron que “ante las diferentes versiones resulta altamente necesario que los funcionarios que correspondan aclaren estas situaciones en detalle y eviten la proliferación de grandes interrogantes que puedan terminar erosionando la credibilidad de la opinión pública y sus representantes.
Finalmente, las diputadas nacionales manifestaron que “no se puede desconocer que aún no hay ningún tipo de avance en materia judicial sobre el fondo de la cuestión que tiene que ver con los orígenes y el destino de dichos fondos a los que nadie reclama y de los que nadie asume su titularidad. En cualquier caso, resulta altamente contraproducente que a cinco meses de semejante escándalo la sociedad y sus representantes no cuenten con certezas sobre lo acontecido”.