Resultó conflictiva la Resolución General 2371/07 de la AFIP, que obliga a los propietarios a informar por anticipado las operaciones de compra-venta que superen los $300.000 y que comenzará a aplicarse a partir del primero del mes próximo, si es que no prospera un pedido de prórroga que hoy realizaron representantes de las inmobiliarias de todo el país al fisco.

Es que en el sector prevén que no todos los propietarios alcanzarán a realizar el trámite en los próximos 10 días –de hecho, muchos ni siquiera conocen la obligatoriedad de realizarlo, están de vacaciones o no han sido informados-. Además, se destacó que surgen muchas dudas en cuanto a la instrumentación de la normativa.

Por eso, de no postergarse, “los profesionales de la actividad inmobiliaria de todo el país deberían en principio retirar de los avisos clasificados todas las ofertas existentes en aquellos casos en los cuales el titular de dominio no ha suministrado al corredor el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), lo que provocaría una grave alteración del mercado”.

De acuerdo con lo que expresaron, “la operatoria se advierte en la práctica de extrema complejidad, dado que inclusive existen oferentes que no se encuentran en el país, lo que dificulta cumplir con la Resolución”.

Según indicó un inmobiliario a Infobae.com, “si como corredor no quiero exponerme a que me manden requerimientos con explicaciones que no puedo contestar porque las tiene que dar el dueño de la propiedad, entonces, no publico la oferta y de esta manera, el dueño no me va a dar la propiedad”.

Y los problemas planteados son muchos. “Resulta muy dificultoso lograr en un breve lapso de tiempo que los titulares de dominio cumplan con la obligación de informar su oferta inmobiliaria, dado que, ni siquiera están en pleno conocimiento de su contenido, lo que amerita una labor de concientización”, dice la carta de la FIRA.

“Los corredores inmobiliarios deben requerir la información necesaria para cumplir con el ingreso del COTI y están advirtiendo reticencia y dificultades por el volumen de los oferentes en plaza. Por otra parte, la resolución contiene problemas de interpretación, tales como, si el monto de pesos 300 mil a que refiere el artículo 3º de la misma está relacionado con el avalúo inmobiliario o con el precio de oferta del bien, a los efectos de determinar si la oferta sobre el inmueble debe ser informada o no”.

Las multas que se aplican de no cumplir con esta normativa van de 500 a 50 mil pesos.

“Esto puede paralizar el mercado. Nosotros creemos que la medida de transparentar las operaciones es positiva, pero la implementación tiene una serie de problemas importantes”, se destacó.

Los corredores inmobiliarios recalcaron que se encuentran en “tren de una campaña de concientización, la que resulta sinuosa, pues la tarea estriba en la persuasión personal de los oferentes. Todo ello imposible de conseguir en el breve plazo estipulado por la normativa”.

Fuente: Infobae