En la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Cámara baja debatirá la propuesta de la legisladora Victoria Donda - hija de desaparecidos, nacida en cautiverio en la ESMA - para inhabilitar “en forma absoluta y perpetua” a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o hayan ocupado cargos nacionales durante una dictadura. La iniciativa tendría apoyo mayoritario en el recinto.

La diputada en cuestión fue la encargada de resumir los distintos proyectos surgidos desde organismos de derechos humanos, que cobraron vigencia a partir del conflicto de poderes desatado entre el Congreso y la Justicia por la inhabilitación para asumir como diputado, con fueros parlamentarios, al ex comisario Luis Abelardo Patti, procesado y detenido por crímenes cometidos durante la dictadura.

El objetivo del proyecto es “terminar con los funcionarios responsables y cómplices de la última dictadura”, y se extiende sobre quienes “existan pruebas suficientes” de haber participado de ese tipo de delitos, y sobre quienes “hayan usurpado” cargos públicos durante la dictadura.

En sus fundamentos, Donda también respondió –sin nombrarla– a la decisión adoptada por la Corte Suprema que se expidió por la incorporación de Patti a la Cámara baja y le reconoció fueros. “25 años de impunidad y el retardo de justicia hicieron que Patti estuviera al borde de asumir una banca de diputado, cuando hace años que debería estar donde está ahora, en la cárcel”, dice el escrito de la diputada del Encuentro Popular y Social.

Tras haber desechado iniciativas similares, la comisión discutirá desde hoy el proyecto que también lleva la firma de los diputados kirchneristas Remo Carlotto, Adriana Puiggrós, Patricia Vaca Narvaja, Claudio Morgado y Edgardo Depetris, el socialista Ariel Basteiro, el arista disidente Eduardo Macaluse y Claudio Lozano, de Proyecto Sur.

Cabe destacar que la iniciativa modifica varias leyes, a las que deben ser incorporadas las futuras restricciones para cargos electivos y partidarios. Entre ellas, las leyes del Código Nacional Electoral, la de Partidos Políticos y la de Etica Pública.

El primero de los artículos fija quince días –tras la oficialización de las listas de candidatos– en que se podrán “formular las impugnaciones fundadas en causales de inhabilidad, de las que se deberá dar inmediato traslado al interesado y a su partido político por el plazo de tres días, a fin de ejercer su derecho de defensa y ofrecer toda la prueba de descargo”. aunque especifica que “el juez electoral podrá rechazar sin sustanciación aquellas impugnaciones que no individualicen la causal de inhabilidad invocada u omitieran indicar elementos de prueba”.

Otro artículo incorpora como inhabilidad para ocupar cargos partidarios o electivos a quienes hayan sido condenados por robo, defraudación, estafa, o por “facilitar, promover o encubrir graves violaciones a los derechos humanos”. De haber condena, la inhabilitación será “perpetua”.

El proyecto comprende la inhabilitación para quienes “hayan usurpado cargos electivos” y “hayan ejercido los cargos de ministro, secretario, subsecretario o director nacional” durante una dictadura.