En una reunión donde estaban presentes los 8 consejeros escolares del partido de Bahía Blanca, solo dos de ellos se opusieron a la iniciativa. El resto aceptó, como si fuera lo mejor que se puede hacer, que las fuerzas de seguridad - Gendarmería o Policía - revisen las pertenencias de los niños, adolescentes y maestros antes de ingresar al establecimiento educativo.

Los consejeros que estuvieron de acuerdo con la propuesta de Manuel Mendoza, hoy Coalición Cívica Gen Radical, fueron: Horacio Rodríguez de Coalición Cívica, Gabriela Costa del FPV-PJ y presidenta del Consejo Escolar, Liliana Aglieti del FPV-PJ, Verónica Gutiérrez y Alcira Pompei ambas del FPV-K.

El único bloque que resistió el proyecto fue el de la UCR, integrado por Graciela Arcidiácono y Griselda Domínguez.

El cerebro

Manuel Mendoza fue el presidente del Consejo Escolar de Bahía Blanca durante el período anterior. Hoy ocupa una banca como consejero escolar. Fue el responsable de poner en discusión y elevar al ministerio la extravagante propuesta de requisar a los alumnos y docentes en la puerta de la escuela.

“La propuesta que hicimos nosotros es controlar a las personas que ingresan al edificio educativo, y tenemos que aclarar que esto no es palpar de armas ni nada que se le parezca. Solamente pretendemos, simplemente, controlar qué entra o qué no entra en un establecimiento educativo”.

“Creo que no estamos vulnerando la intimidad de nadie – agregó- porque si vas a cualquier shopping o hipermercado a la salida te revisan los bolsos, y ninguna asociación de derechos humanos ni nadie ha dicho que les están vulnerando el derecho”.

“No lo vamos a hacer de manera imperativa. Si podemos lograr un acuerdo, vamos a conversar con los padres de los alumnos de las escuelas involucradas y preguntarles si están de acuerdo con que hagamos esto”.

A modo de aval de su proyecto, Mendoza mencionó que consultó con Víctor Benamo - titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Bahía Blanca - que “nos dijo que no había problema porque hay que darle un corte a esto”.

“Sino espero que alguno nos acerque una propuesta que sea solucionadora porque no sirve levantar la bandera de los derechos en ciertas cosas y después olvidarse que la gente tiene derechos” subrayó.

Y completó, suelto de cuerpo: “es tiempo de pensar en educación; ya tuvimos mucho tiempo para los derechos humanos”.

Dijeron No

El bloque de los consejeros escolares por la UCR - Graciela Arcidiácono y Griselda Domínguez - fue quien levantó la voz en contra de la resolución de Mendoza.

“Desde el punto de vista legal creo que no corresponde, me parece que es una medida autoritaria. Si uno toma el historial son puntos determinados de la ciudad, esto se produce en forma reiterada en dos o tres puntos determinados. ¿Cómo poder creer que una criatura pueda llevar una bomba en la mochila? Es para reírse… ¿Qué van a hacer? ¿Van a llamar por teléfono y la llevan en la mochila?”, argumentó Graciela Arcidiácono.

“Esto es una cuestión institucional, hay que trabajar pedagógicamente desde otro punto de vista, trabajar con la escuela, con los padres y con los chicos. Busquemos institucionalmente cuando se hace el cronograma de convivencia, busquemos la manera de concientizar, y que si quieren revisar que lo hagan los padres, y no la Policía, Gendarmería -a los cuales se les deben abonar las horas extras- o gente del municipio, que tienen que cumplir otras funciones” amplió Arcidiácono.

Por su parte, la otra integrante del bloque, Griselda Domínguez, apuntó a otro tipo de argumentación en contra, basándose en el la vulneración del derecho a la intimidad.

“Pienso que el derecho fundamental que se vulnera es el de la intimidad, no preservar en la escuela estas cuestiones es caer en algo irracional, la escuela es un espacio donde debe haber transmisión de conocimientos, formación integral del alumno. ¿Qué ejemplo estoy dando? Antes de ingresar al establecimiento educativo ocurre la primera violación, el derecho a la intimidad que tengo, de mis actos, de mis pertenencias… El chico que tengo enfrente, el alumno es un sujeto con sus derechos. Que alguien de afuera sin preparación docente ni trato con el alumno venga a revisar me parece una barbaridad. ¿Vamos a revisarle al chico su mochilita de jardín? No tiene sentido, me parece que es falta total de razonamiento, es imponer cosas por la fuerza de la voz, del gesto, de la presencia y no de la convicción”.

“Es más grave porque se trata de un docente”

Consultado Eduardo Hidalgo sobre los dichos de Mendoza, el representante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Bahía Blanca dijo: “antes de tirar propuestas fuera de cualquier contexto natural, racional y humano, habría que convocar para informarse. Si no sabés cómo hacer, pedí ayuda y soluciones antes de agravar las cosas con esta estupidez”.

“Si no sos capaz de tener una solución coherente, pone un quiosquito; porque estás cobrando un sueldo para solucionar problemas y los terminás agravando”.

Respecto a los derechos humanos y la educación, Hidalgo dijo: “Si habla de educación tiene que saber que la educación es un derecho humano básico; Mendoza no sabe nada de derechos humanos, y eso es más grave por tratarse de un docente”.

Fuente: EcoDías