El trabajo especifica que “la sustitución de la vigente Ley de Radiodifusión, anacrónica y reaccionaria, establecida por la dictadura militar en 1980, por un nuevo marco jurídico acorde con los tiempos y a la institucionalidad democrática, es hoy un horizonte tangible”.

Aclaran que “para entender el grado paleolítico en el que nos movemos, baste observar las líneas aplicadas en la materia en el marco de la Unión Europea o en Canadá, entre muchos otros países ”serios“, así como las directrices políticas para abordar el futuro tecnológico en la protección a la diversidad, mandatos de desconcentración y fortalecimiento de medios públicos”.

El caso de la reformulación de Radio Televisión Española es otra muestra en este sentido“, agregan y aducen que ”estos ejemplos de regulación estatal no indican limitaciones a la sacrosanta “libertad de prensa”.

También “Poner límites a la concentración, los oligopolios y los monopolios porque afectan a la democracia y restringen la libertad de expresión”.

“Establecer claramente el rol del Estado como regulador, árbitro y emisor de características públicas y no gubernamentales”, y “Proteger las producciones locales y nacionales como única vía de garantizar la multiplicidad de voces“.

”Garantizar la existencia de tres franjas de radiodifusores: privados con y sin fines de lucro (entre estos últimos incluidos los comunitarios) y estatales“, puntualiza.

Además proponen “Adoptar los mecanismos para que el acceso a las señales de radiodifusión no sea un derecho meramente declamativo, no sólo por la cantidad de medios que cubran el territorio nacional, sino también por el manejo de exclusividades en derechos de exhibición de contenidos de evidente interés público y repercusión social”.

Y finalmente “Prever que las organizaciones sociales así como las provincias y las universidades tengan participación en las instancias de decisión de las autoridades en la materia, así como que los mecanismos de asignación sean transparentes y sujetos al escrutinio público”.

Fuente: Télam.