Los ex empleados públicos que hayan sido cesanteados durante la última dictadura por motivos políticos antes del 10 de diciembre de 1983 podrán recibir una indemnización de cerca de 200 mil pesos, si se aprueba un proyecto que avanza en la Cámara de Diputados.

El proyecto es impulsado por la diputada kirchnerista por Mendoza, Patricia Fadel, y abarca a ex agentes y empleados del Estado, provincial y municipal, empresas públicas, universidades nacionales y asociaciones o organismos intervenidos que hayan sido cesanteados durante la última dictadura militar.

A través de la norma, que cuenta con una preferencia para ser tratada en el recinto en la próxima sesión, se crea un Registro de Cesanteados Políticos que deberá confeccionar un padrón nacional de beneficiarios.

Se trata de un reconocimiento a la pérdida de la carrera administrativa de ex empleados públicos que se desempeñaban en distintas áreas del Estado, que fueron cesanteados y no tuvieron resarcimiento de ningún tipo.

La iniciativa, que fue presentada por Fadel junto al titular de la comisión de Derechos Humanos, el kirchnerista Remo Carlotto, debe recibir aún dictamen de Presupuesto y de Justicia de la cámara baja, antes de llegar al recinto.

“El proyecto busca otorgar a las personas injustamente cesanteadas una reparación al daño causado por el Estado, quien castigó y persiguió a los agentes por su ideología, su posición política o gremial, con el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado”, explicó Fadel.

El monto del beneficio es el mismo del que reciben los hijos de presos políticos nacidos en cautiverio y que alcanza cerca de los 200 mil pesos.

Según los fundamentos, los distintos proyectos y leyes impulsados desde el advenimiento de la democracia han tratado de resolver administrativamente el grave daño causado a los cesanteados sin causa en la Administración Pública por el terrorismo de Estado en la Argentina.

En todos esos casos, y de acuerdo a la iniciativa, se trató de ampliar los plazos de presentación de readmisiones laborales, dándose a conocer los mismos por el Boletín Oficial, medio masivo de comunicación del Estado nacional, que generalmente no es consultado por la población.

“Estimamos que la resolución de estas grandes injusticias fueron encaradas no como una justa reivindicación sino como un tema netamente laboral, y su acogimiento debía realizarse en plazos perentorios y bajo pena de caducidad de un derecho incuestionable”, señala el texto.

Recuerda que, la cesantía en los niveles, nacional, provincial, y municipal, fue fundamentada invocando decretos y leyes nacionales, “razón por la cual es importante que el gobierno nacional tome la responsabilidad, a treinta años de producida esta situación”.

El objetivo del proyecto es “generar un mecanismo legal de reparación histórica para todo cesanteado político que no haya podido o le hayan negado su reincorporación en todo el territorio nacional, mas allá si trabajaba en el Estado Nacional, Provincial o Municipal”.

En ese marco, será la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la que tendrá a su cargo la recepción y examen de la documentación que acredite que las personas que se presenten a solicitar el beneficio.

Sin embargo, este resarcimiento económico “es incompatible con la reincorporación del agente o con cualquier beneficio recibido a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios con anterioridad”.

Fuente: Télam