Distintos enfoques de análisis coinciden en señalar que la agudización de la marginalidad y exclusión de vastos sectores de nuestra sociedad guarda estrecha relación con un modelo que sistemáticamente potencia a los sectores más dinámicos y concentrados de nuestra economía, con capacidad de lograr una inserción privilegiada en el sistema productivo, excluyendo a aquellos más postergados y vulnerables, que no logran posicionarse y permanecer en el mismo.

La ausencia del Estado en cuanto a políticas incluyentes se refleja en crecientes niveles de necesidades básicas insatisfechas, desocupación, marginalidad y desintegración de la red social. Basta recordar las insistentes advertencias de la Iglesia en los últimos días, basados en datos del Observatorio de la Pobreza de la UCA.

Como emergente de este contexto, donde la brecha entre quienes acumulan los beneficios del modelo y los que son excluidos de él se profundiza, aparecen sectores que en afán de sobrevivencia, ejercen actividades que operan en el sector informal, representando otro de los múltiples rostros de la pobreza y la indigencia, sobre el que el Estado debe actuar.

Una de las mayores dificultades para visualizar este vasto sector de potenciales microemprendedores, tanto desde los ámbitos académicos como desde los políticos e institucionales, es la escasez de información, por su alto grado de operatividad informal. El Estado debe determinar su reconocimiento social y jurídico, diseñando políticas específicas que se adecuen a las demandas específicas del sector, para viabilizar una salida del circuito inusitado de emergencia y mortandad de iniciativas reactivadoras de sobrevivencia.

El enorme potencial del sector se refleja en la actualidad a partir del más de millón de empleos que se estima genera, caracterizados en gran medida por su conformación familiar. No obstante lo señalado, la microempresa se caracteriza por su casi invisibilidad como sujeto de políticas económicas especificas y como sector de estrategias de fomento.

El acceso al financiamiento, las cargas fiscales, previsionales, laborales, los elevados costos administrativos, la cantidad de normas sobre habilitaciones, calidad, bromatológica o sanitaria, etc., que debe enfrentar el microempresario, lo coloca en una lucha desigual, inhibiendo toda su capacidad de emprender.

Párrafo aparte merece la consideración del acceso al financiamiento de este estratégico sector respecto a lo que está pasando en el mundo en esta materia y, particularmente, en nuestra región.

En los últimos años, el desarrollo de las denominadas microfinanzas en América Latina ha sido extraordinariamente importante. Estimaciones del BID al año 2007 indican que más de 600 instituciones están proporcionando crédito a más de 8 millones de clientes con un cartera total de US$ 8.600 millones. Este es un logro impresionante considerando que en el año 2001 el número estimado de clientes de microfinanzas no llegaba a los dos millones y la cartera total apenas superaba los US$1.000 millones.

Este crecimiento ha sido el resultado de la transformación de los programas originales a cargo de las ONG en entidades financieras formales y de la entrada de los bancos tradicionales al negocio.

Dentro de este panorama, existe un grupo de instituciones de microfinanzas cuyos resultados destacan por encima del resto. Se trata de instituciones como Banco Sol (Bolivia), Compartamos (México), Crediamigo (Banco do Nordeste, Brasil), Mi Banco (Perú), y BancoEstado Microempresas (BEME, Chile), que tienen resultados consistentemente más elevados que el promedio.

Nuestro país tiene aún un largo camino por recorrer en esta materia, pues figura entre los países de menor desarrollo, muy lejos de su potencial. Debe mejorarse significativametne en este sentido el “entorno” para un desarrollo de las microfinanzas en nuestro país: marco regulatorio, desarrollo institucional, clima general para la inversión, etc.

Está comprobado que las microempresas estimuladas con políticas específicas, que traten distinto lo que es distinto, se integran al crecimiento económico rápida y eficazmente, incorporando al circuito laboral un elevado porcentaje de desocupados; y, por el contrario cuando prevalece la falta de políticas específicas de apoyo al sector, se profundiza la tendencia a la precarización.

Con relación a la promoción de microemprendimientos productivos, cabe destacar el caso de la Provincia de Buenos Aires durante la Gobernación del Dr. Eduardo Duhalde, cuando a través del Ministerio de la Producción implementamos entre 1992 y 1999 el denominado “Programa Provincial de la Microempresa”, experiencia pionera en municipios de base productiva, articulando con universidades nacionales de base tecnológica, y con financiamiento del BAPRO. Así, logramos poner en marcha 14 incubadoras de empresas y más de 28.000 microemprendimientos productivos de los más diversos sectores a lo largo y ancho del territorio provincial, que generaron un altísimo impacto en las diferentes regiones. Lamentablemente, el contexto macroeconómico de entonces, la posterior crisis en 2001 y los cambios de enfoque de sucesivas gestiones desdibujaron ese programa provincial, pero las convicciones y la experiencia nos indican que debiéramos retomar un fuerte trabajo en esta dirección. También en Mendoza, durante la Gobernación de José Octavio Bordón entre 1987 y 1991 tuvo lugar una experiencia de características similares.

En otro orden, durante mi mandato 2001-2005 como Diputado Nacional presenté un proyecto de ley tendiente a crear un Régimen Nacional de Promoción de las Microempresas, estableciendo un encuadre legal y normativo específico para el sector, en cuanto a su constitución, aspectos previsionales e impositivos, apoyos fiscales, financieros, de mercado, de asistencia y promoción asociativa, todo ello a través de la simplificación de trámites administrativos y la coordinación con autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también con entidades intermedias relacionadas.

Resulta primordial entender que hay que generar oportunidades reales para este sector de nuestra economía, desde una perspectiva de inclusión socioeconómica dentro de los diversos espacios geográficos y en relación a la actividad, características y tamaño de las unidades productivas.

La búsqueda de mecanismos adecuados de regulación jurídica y administrativa del sector debe estar orientada a legitimar el papel de la microempresa como poderoso potencial en términos de comunidad de base y desarrollo económico, estableciendo medios efectivos para su estimulo, tanto en orden al financiamiento como a la gestión, a través de acciones de capacitación y asistencia técnica.

Consideramos que, hasta hoy, los éxitos de los programas de promoción al sector han sido parciales, con deficiente articulación institucional, visión integradora y encuadre legal especifico, con lo cual se desvanecen los esfuerzos humanos y desaprovechan ingentes cantidades de recursos. Ha tendido a prevalecer, por lo general, más un criterio asistencialista que productivista en la concepción y ejecución de estas políticas, cuestión que deberemos revertir.

En este sentido, sostenemos que resulta fundamental partir del reconocimiento e identificación del sector, promover la conciencia colectiva sobre su potencial, la conformación de redes y asociatividad, y sobre todo, generar la adaptación de los mecanismos pertinentes que provean herramientas efectivas para la acción del Estado en coordinación y cooperación de sus tres niveles de gobierno en orden a su desarrollo.

El sector de las microempresas no cree en paternalismos ni en clientelismos. Sólo requiere apoyo y respaldo institucionalizado sostenido en el tiempo para convertirse en coprotagonista de la transformación económica y social que el país necesita.

(La opinión de los columnistas no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General).