“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata acaba de instar al rector interino, Francisco Morea, para que acuda a la justicia federal con el objetivo de apelar la resolución de un recurso de amparo –interpuesto por un grupo de asambleístas que responde al candidato a rector Garamendy- que ordenaba convocar a la Asamblea Universitaria de acuerdo a la composición que ésta tuvo el 14 de marzo, cuando por primera vez intentó sesionar a los efectos de imponer un rector a espaldas del movimiento estudiantil.

En un planteo que es un contrasentido, arguye, que lo hace “en defensa de la autonomía universitaria”…

Es decir, que si el poder judicial interviene para beneficio de una camarilla viola la autonomía universitaria, pero si lo hace para beneficiar a otra… no.

¿Cuál va a ser la posición que tome el Consejo Superior si la Cámara de Apelaciones rechaza el recurso? ¿Y cuál la que tome respecto de la asamblea, si por el contrario le da curso a la apelación?

Avalar el mencionado planteo, en este contexto, es ubicarse decididamente en la línea de la camarilla de Pérez. Y fundamentalmente, por otro lado, significa legitimar la composición reaccionaria y antidemocrática de la asamblea universitaria.

La ingerencia del Estado en las universidades públicas ya se encuentra en marcha desde la promulgación, en 1995, de la Ley de Educación Superior. ¿Alzaron la voz para repudiar a la CONEAU estos tristes paladines “defensores de la autonomía universitaria”?; ¿lo harán para rechazar el proyecto de “modificación” que promueve el gobierno nacional, desde una perspectiva que entiende que el concepto de autonomía “no significa independencia del Estado”, como lo acaba de establecer el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco?

Sin democratización, no tenemos garantías para defender el pliego de reivindicaciones que presentamos ese 14 de marzo, como alternativa a la penuria material impulsada por el gobierno y aplicada por las camarillas que se disputan el sillón de rectorado.

Es más claro que nunca que el movimiento estudiantil no debe ir a la rastra de ninguno de los dos bandos privatizadores que se disputan la sucesión de Medina; y que por otra parte están buscando desesperadamente un compromiso a costa de los estudiantes y trabajadores, que somos quienes padecemos las consecuencias directas de la falta de presupuesto, y de democracia en los órganos de co-gobierno.

El destino de la universidad no debe resolverse en el despacho de ningún camarista, sino en la lucha política que llevamos adelante por un gobierno universitario de estudiantes y trabajadores.

Por eso: fuera el poder judicial de la universidad, ni Pérez ni Garamendy, nunca; abajo la asamblea reaccionaria, y, ante todo, democratización de los órganos de co-gobierno, claustro único docente, representación paritaria de estudiantes y trabajadores (docentes y no docentes)”.

Por Pablo González, Ernesto López y Pablo Montoya, en representación de UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) – Partido Obrero.

ACLARACIÓN: La opinión vertida en esta columna no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.