La Cámara alta había aprobado esta iniciativa en noviembre del año pasado, luego de una intensa campaña que incluyó movilizaciones hacia el Congreso de entidades que agrupan a obesos, pero en Diputados se trató recién en junio pasado y se había excluido del texto a quienes padecen bulimia y anorexia.

Los senadores rechazaron este cambio y volvieron a introducirlas en el proyecto, aunque aceptaron una modificación por la cual en los casos de alimentos de alto valor calórico, se incluya en los envases la leyenda “El consumo excesivo es perjudicial para la salud”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, y el debate fue seguido desde un palco por el médico especialista Alberto Cormillot, quien calificó a esta ley como “muy buena, muy moderna”, aunque aclaró que por sí sola “no alcanza”.

Luego de la aprobación del proyecto, Cormillot dijo que pedirá al jefe de Gabinete, Sergio Massa, que la ley “se reglamente rápidamente”, pero además aclaró que dicha reglamentación “tiene que ser prudente”, para dar tiempo a la necesaria capacitación del sistema de salud.

Sobre las posibles mejoras que se podrían introducir en el futuro, señaló que en los países que tienen una mejor situación en materia de obesidad “se regulan más los etiquetados”, y “se subsidia a los alimentos más sanos”.

Durante el debate, los legisladores coincidieron en describir las “situaciones terribles de discriminación” que sufren las personas con trastornos alimentarios.

La miembro informante Haidé Giri abogó por la rápida instrumentación de esta norma, para que “no sea una ley con letra muerta”, y remarcó que además “hace falta hacer docencia y pelear contra la oferta cultural que está destruyendo de varias maneras a nuestra juventud”.

En lo que respecta a la anorexia, durante la sesión se cuestionó el modelo cultural que se trata de imponer a los jóvenes, y al respecto el santacruceño Alfredo Martínez observó irónicamente que “se promocionan figuras delgadas que en mi provincia no funcionarían porque el viento se las llevaría”.

Por su parte, el cordobés Carlos Rossi recordó que la Organización Mundial de la Salud ya definió a la obesidad como una enfermedad, y alertó que Argentina “es el país con mayor incidencia de anorexia y bulimia en el mundo después de Japón”.

Con esta ley, las obras sociales deberán cubrir los tratamientos médicos en todas sus facetas, brindando atención multidisciplinaria, que incluya desde la asistencia psicológica, hasta prestaciones clínicas, quirúrgicas y farmacológicas que hicieran falta, cuando hasta ahora solo estaban contempladas las consultas nutricionales.

La iniciativa contiene también medidas antidiscriminatorias para quienes padecen trastornos alimentarios y establece los lineamientos para la realización, desde el Estado, de campañas de difusión dirigidas a la población y a los grupos de riesgo en particular,

Fuente:NA