No pueden votar, ni ser electos, ni salir del país. No pueden ir más allá de la escuela primaria, ni obtener una beca, ni trabajar, ni acceder a una obra social, ni seguir un tratamiento en un hospital. No pueden siquiera hacer una denuncia en la Policía. Por falta de documento -porque nunca lo han tenido-, casi medio millón de argentinos son invisibles. Son NN.

En la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población del país (estimada en 40 millones de personas), “no sería descabellado” calcular que el 1% de los habitantes jamás tuvo un DNI, afirma el director provincial del Registro de las Personas, Jorge Omar Aguiar.

En Corrientes y Misiones, los argentinos indocumentados representan del 2% al 3% de la población, asegura Jorge Alvarez, presidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP), quien estima que al menos el 1% de los argentinos está en la misma situación.

Esa ONG comenzó a trabajar en este problema en 2002, en la villa La Cava, a instancias del padre Aníbal Filippini. “Por cada indocumentado que se ve, siempre aparecen uno o dos más, ocultos”, señala.

Por su parte, Sandra Papa cuenta que cuando fue directora de la Escuela 28 “Antártida Argentina”, del Bajo Boulogne, “hemos visto familias enteras sin documentos”.

Un trabajo conjunto emprendido por el Registro y la Dirección de Educación bonaerenses reveló que en las escuelas primarias de la Provincia hay unos 70.000 chicos de más de 5 años que ni siquiera tienen partida de nacimiento.

Esto ocurre aún cuando en los últimos años se abrieron delegaciones del Registro Civil en más de cien hospitales públicos bonaerenses con maternidad, y en todos los hospitales porteños donde se atienden partos. Pero el grueso de los argentinos indocumentados es mayor de 21 años. Y contrariamente a lo que podría pensarse, es un fenómeno urbano.

Alvarez lo atribuye a “un problema estructural, que tiene que ver con la bestialización de la pobreza en la Argentina de los 80. La gran mayoría responde a la indigencia; otros casos, a etapas de pobreza, en las que los padres no hicieron la inscripción de sus hijos porque no tenían plata para el colectivo; y también a una cuestión cultural, de que ´anotar al hijo le corresponde al papá´ -detalla-. Es un país que los políticos no registran, porque estas personas no votan”.

Cuando nace un bebé, la madre recibe una certificación de parto. Con esa constancia y antes de los 40 días, en una delegación del Registro Civil se gestiona la partida de nacimiento y se obtiene el DNI, sin foto. “La identidad, la da la partida de nacimiento; y lo que identifica es el DNI”, explica la directora General Técnico Jurídica del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), Patricia Palladino.

Este trámite puede hacerlo el padre solo, si cuenta con libreta de matrimonio. Si lo hace sólo la madre, el hijo llevará su apellido, aunque el padre puede reconocerlo en cualquier momento.

Hasta los 6 años hay una segunda oportunidad, presentando la constancia de parto (a veces hay que actualizarla en el hospital), y una declaración jurada (se tramita en un juzgado de paz o una defensoría de menores), y llevando dos testigos. Pasados los 6 años, hay que iniciar un juicio de inscripción tardía, en un juzgado civil. Y esto, como todo trámite judicial, lleva varios años. Más aún: se convierte en un galimatías, que hace desertar a muchos.

“Te tratan mal”, “No te explican nada”, “Te tienen de aquí para allá”, cuentan quienes llevan años detrás de su DNI.

Alvarez describe: “La gente no tiene plata para viajar, ni puede dejar de trabajar para ir a hacer trámites. O va el patrullero a llevar la cédula judicial -por otra parte ininteligible-, y la mamá se asusta. ´No vayas -le dicen-, te van a meter en cana porque no anotaste a tu hijo´. En gran medida, este problema sigue siendo oculto porque los indocumentados tienen miedo de que los metan presos, y no es así. Si no están asistidos, no vuelven. Hace falta alguna organización que oficie de lenguaraz”.

A partir de la experiencia del IADEPP, que viene haciendo esa tarea, su titular plantea la necesidad de capacitar a instituciones para que hagan este acompañamiento. Puede ser una iglesia, un comedor comunitario, la escuela y, en especial, los trabajadores sociales de los municipios.

“La escuela, si bien hace muchísimo, también debe hacerse un espacio para esto, al menos donde tenemos comunidades populares -propone Sandra Papa-. El DNI es la acreditación que te da la sociedad para que seas un ciudadano, y al fin de cuentas, el nuevo diseño curricular habla de la construcción del ciudadano”.

Fuente: Clarín