El Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Rafael Perelmiter,ha elevado a la legislatura bonaerense, un borrador en la que se crea un subsistema que seria administrado por el IPS. El nuevo subsistema incorpora a la órbita del IPS,  las cajas  jubilatorias de los empleados del Bapro como así también la de la policía bonaerense.

Dicho proyecto dispone también del superávit del IPS para aplicarla al financiamiento de las cajas deficitarias y gastos corrientes de la administración provincial, mediante bonos 100% garantizados con fondos provenientes de la coparticipación federal.

En definitiva, es legalizar el saqueo de los fondos previsionales, que en el caso del IPS, es ya poseedora de letras de tesorería que rondan los 490 millones de pesos. Pero hoy van por el actual superávit, que de acuerdo a versiones oficiales rondaría los 1.200 millones de pesos con la clara intención  de reducir el déficit de 3.000 millones del  Estado bonaerense.

Cabe recordar la sanción de la Ley 25.235 del año 1999, durante el gobierno de la Alianza que en su articulado “el Estado nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficit globales de los sistemas previsionales provinciales”. Apoyados en este marco jurídico el entonces presidente Kirchner y el gobernador Felipe Solá en el año 2004 firman convenio definiendo que el Estado Nacional financiará el déficit de la Caja de la Policía, de los empleados del Bapro y de los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Desde el 2004 a la fecha el ANSES giró 1.500 millones de pesos para cubrir un déficit en el IPS que nunca existió, y que por otra parte no se puede saber que destino tuvieron dichos fondos.

Similar es la situación de la caja de la Policía, que si bien tuvo una etapa difícil,  sus números se equilibraron con la incorporación de la Policía bonaerense 2, quedando como deficitaria únicamente la caja del BAPRO, que en definitiva es la que precisa un tratamiento especial.

Dicha maniobra está destinada a cubrir el déficit del Estado bonaerense, en el marco de la centralización de la economía que el Kirchnerismo sostiene, y que no admite un debate sincero sobre la Ley de Coparticipación Federal, que se está  postergando  desde 1996, comprometiendo  así  el  futuro  de  los  trabajadores  del  Estado  provincial,  de  la Policía y sin dar respuesta definitiva a los jubilados del BAPRO.                                                                           

ACLARACIÓN: La opinión vertida en esta columna no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.