El Ombudsman reclamó una solución integral siempre que el traslado de actividades no perjudique a otros vecinos de la ciudad.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, exhortó al Municipio de General Pueyrredón a que traslade aquellas actividades nocturnas incompatibles con el carácter residencial del Barrio de Playa Grande a una zona apropiada, a fin de darle una solución estructural a los problemas denunciados por los vecinos.
Fueron los integrantes de la Asociación Vecinal de Fomento “Leandro N. Alem” los que denunciaron que el desarrollo de actividades nocturnas en su barrio atentaban contra un ambiente sano, en especial los ruidos molestos, los problemas de tránsito, circulación y comunicación, la provisión de servicios públicos que inciden sobre los derechos ambientales individuales y colectivos, además de problemas sanitarios y de seguridad.
Para establecer los hechos denunciados el Ombudsman pidió informes a la Municipalidad de Mar del Plata, a la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Bomberos de la Policía bonaerense. Además, se realizaron dos reuniones, en abril y mayo de este año, en la sede del Defensor nacional con los vecinos afectados, donde se ratificaron las denuncias y se analizaron vías de solución para los distintos problemas desde la perspectiva del daño ambiental.
En su exhortación al Municipio y al Ministerio de Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires el Defensor reclamó que se realicen los controles e inspecciones necesarias para hacer cumplir las normas que regulan la actividad de esparcimiento nocturno hasta tanto se concrete su definitivo traslado. En este último sentido, Mondino ha señalado claramente que de ningún modo avalará un traslado que implique transferirle los mismos problemas a otros grupo distintos de vecinos de Mar del Plata.
También pide el Ombudsman que el Concejo Deliberante de General Pueyrredón defina, mediante un proceso de participación ciudadana, los indicadores urbanísticos y las normas de uso del suelo que regirán en Playa Grande de manera que se aseguren los derechos ambientales de los habitantes.