El fraude electoral es un hecho si muchos son privados del derecho a votar. El estado de sitio vigente para con el personal policial por la vigencia del recorte de sus garantías constitucionales.

Varias son las causas que se vienen acumulando para hacer subir el malestar que desde hace tiempo se viene incubando entre los trabajadores policiales de la provincia de Buenos Aires y que por los acontecimientos de los últimos días ha llevado a que el vaso se encuentre a punto de derramar amenazando con una reticencia a llevar adelante la cobertura de seguridad en las próximas elecciones legislativas, lo que se desprende de varias versiones que han comenzado a circular y según las cuales el principal argumento de nuestros camaradas sería el de considerarse excluidos del sistema democrático que se proclama en vigencia y víctimas de un real Estado de Sitio para con los ciudadanos policías por la limitación de sus derechos constitucionales.

Es cierto también que la MUERTE DE DIEZ CAMARADAS  (DIEZ Y NO COMO SE MENCIONA NUEVE U OCHO), CAIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER en lo que va del año, y la impresionante cantidad de heridos policiales transcurrida menos de la mitad del mismo, lleva a cifras tan solo cercanas a las épocas en que el terrorismo subversivo hacía estragos en nuestro país asesinando cruelmente policías, viene significando una clara confirmación de que “la sangre policial cuesta poco y seca rápido”, también tiempos llamados democráticos, creando la conciencia institucional de que a la clase política dirigente e incluso la totalidad de los partidos relevantes poco o nada le importan estos hechos y solamente buscan el calor de obtener o reeditar el cargo ambicionado.

Pero hay otras dos circunstancias también de extrema gravedad que verdaderamente han llevado a nuestros camaradas al límite de su paciencia y tolerancia por verse atacados directamente en su condición de ciudadanos argentinos.

En primera instancia la insistencia del Gobernador Scioli en obtener una prórroga de la llamada Ley de Emergencia Policial, (mientras reza en Luján por los policías) seguramente con la intención de poder continuar disfrutando de las posibilidades que dan las llamadas “compras directas”, pero que desgraciadamente la misma ley contempla la denominada “prescindibilidad”, facultad que otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de echar a cualquier policía privándolo de todo derecho laboral, es decir sin hacerle conocer siquiera los motivos y hasta el derecho a la defensa. Entidad que a todas luces resulta ahora más que nunca completamente innecesaria y propia de regímenes dictatoriales.

Y en segundo lugar el hecho de que el Código Electoral Nacional en su última reforma ha privado prácticamente al policía también el derecho constitucional de votar, por cuanto se ha omitido la salvedad existente en la reglamentación anterior que preveía el ejercicio del voto del personal afectado a la seguridad de los comicios en la mesa donde les tocara ejercer la función, o en la más cercana donde se encontraran prestando servicios con la salvedad de ser incluidos en la parte inferior del padrón al igual que la autoridad de mesa o fiscales.

La actual obligatoriedad de votar solamente en la mesa donde estuvieren empadronados prácticamente convierte en imposible este derecho por cuanto como todo el mundo sabe es muy difícil, salvo en localidades muy chicas de que esta situación pueda darse y aún en el hipotética caso de que resulte factible un relevo, las distancias, las demás obligaciones que hacen a la seguridad del comicio y el aseguramiento del orden público hacen más que difícil disponer del tiempo necesario para trasladarse y regresar.

Teniendo en cuenta de que todo el mundo ve con buenos ojos que se garantice el derecho al voto, aún para con los delincuentes privados de su libertad a los que se lleva una urna para que ejerzan ese derecho, resulta más que comprensible que el ciudadano policía estime que su condición laboral es la que lo limita como ciudadano, ante la indiferencia de las autoridades en ejercicio y aún de las distintas ramas de la oposición que lejos están de haberse preocupado por el tema.

Las amenazas superiores, de quienes no han sabido hasta el momento cumplir con sus obligaciones de defender los derechos de sus subordinados parecen no bastar para que la efervescencia del malestar policial se aplaque y los comentarios sobre una posible negación a prestarse a la burla política del circo electoral se hacen cada vez más numerosos y amenaza ya a la misma prestación del servicio en los lugares de votación, estando muchos dispuestos incluso a asumir las sanciones que dicha omisión les importe cansados de tanta injusticia. Ojala la sangre no llegue al río, pero ya sería hora de que quienes tienen la responsabilidad de hacer respetar los derechos de todos pongan su atención allí donde esos derechos son vulnerados no una sino muchas veces y por mucho tiempo.
(La opinión de los columnistas no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General)