En las últimas horas, Alvarez Larrondo se reunió con la defensora del Pueblo, Beatriz Arza, para conversar la situación que se desencadenó luego de los excesivos aumentos implementados en las boletas de luz y gas.

Respecto de las presentaciones que están haciendo algunos particulares, el abogado aclaró: “en el reclamo, lo que uno hace es peticionar la invalidez de este decreto”. “De hecho – comentó - el juez federal Eduardo Giménez ya ha dictado medidas cautelares por las cuales se ordena que no se aplique esta suba hasta tanto se resuelva si es legal o no este fondo que se ha creado”.

A colación, Alvarez Larrondo sostuvo: “el incremento es para la categoría R3-4, es decir, para aquellos que consumen más”. “Recordemos que los R3-2 y R3-3, tienen suspendido el aumento hasta el 31 de agosto; sin embargo, después de esa fecha, recibirán facturas más caras” - advirtió.

Más adelante, el profesional adelantó: “la defensora del Pueblo seguramente planteará soluciones de carácter colectivo, como iniciar acciones en nombre de todos los usuarios”.

“Pero particularmente creo que deberíamos pensar respuestas más imaginativas, tal como sucedió en Chubut, por ejemplo, donde el Gobernador lideró la acción judicial que dio resultados positivos para los usuarios” - dijo.

Y continuó: “el gran debate existente intenta definir si esta carga es o no un impuesto, pues si bien se le da el nombre de cargo tarifario, para nosotros se trata claramente de una cuestión impositiva”.

“Además – insistió Alvarez Larrondo - entendemos que no se incluye entre las facultades del Poder Ejecutivo el haber creado este registro”. “El Gobierno hizo algo similar con la garrafa social, lo cual pone de manifiesto una tradición inentendible de esta gestión” disparó.

En tanto, al concluir, señaló: “consideramos que el tema central es que no se puede cargar sobre algunos, que precisamente no son los más pudientes, un incremento del 300 por ciento, menos diciendo que con su aporte se financia al resto del sistema”.