En su urgencia por recaudar más dinero y para que las empresas distribuidoras obtengan mayores beneficios en reemplazo de los subsidios, el Gobierno habría incumplido los procedimientos legales para poder imponer a los usuarios los recargos y los aumentos en las tarifas, motivo por el cual deberían ser anulados.
Ello surge de una nueva presentación realizada por el diputado del Partido Socialista, Carlos Nivio, quien reclama la derogación de las Resoluciones N° 1070/08 y 1417/08 de la Secretaría de Energía de la Nación, por las cuales se dispusieron fuertes incrementos tarifarios para el consumo de gas natural; así como de la Resolución Nº 415/04, dictada por la misma dependencia oficial que impuso recargos por mayor consumo al establecer el Programa de Uso Racional de la Energía, más conocido por sus siglas como PURE.
De acuerdo con la iniciativa de Nivio, los dos últimos aumentos en las tarifas de gas natural, autorizados por el Poder Ejecutivo nacional para su aplicación por las empresas distribuidoras, no cumplieron con el requisito establecido en la Ley Nº 24.076 -Marco Regulatorio del Gas-, al no realizarse las correspondientes Audiencias Públicas, obligación previa a decidirse todo incremento tarifario. Por tal motivo estos aumentos estarían viciados de nulidad.
En cuanto a los “castigos” establecidos en las facturas por consumir más gas natural en las viviendas, fueron impuestos por la Secretaría de Energía de la Nación con el Programa de Uso Racional de la Energía (PURE), a través de la Resolución Nº 415/04. El supuesto objetivo del mismo era incentivar el ahorro en los hogares para generar excedentes que puedan ser utilizados por otros sectores como las industrias; lo que ha quedado desvirtuado por la actual recesión.
Respecto a este recargo tarifario -según se detalla en el análisis que integra la presentación del legislador del Partido Socialista-, solo a servido para que las empresas distribuidoras comercialicen a mayor valor el gas economizado por los usuarios residenciales. También en este caso corresponde cuestionar su legalidad, ya que distorsiona el régimen tarifario con un incremento que tampoco ha cumplido con el Marco Regulatorio que rige para los servicios de gas natural.
De tal forma, por medio de un proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados, Nivio reclama la derogación de las mencionadas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, ante la clara evidencia de su ilegalidad por no haber cumplido con los procedimientos establecidos por ley.
Cabe destacar que Nivio también ha reclamado -mediante otra presentación- la derogación del Decreto Nº 2.067/08, por el cual el Gobierno nacional impuso a los usuarios residenciales de gas natural un Cargo adicional al consumo, con el supuesto fin de obtener fondos para la importación de dicho recurso energético. Con la figura del Cargo se habría pretendido aplicar un nuevo impuesto, medida que –de acuerdo con la Constitución Nacional- solo puede ser establecida por el Poder Legislativo, por lo cual debería anularse por inconstitucionalidad.
De acuerdo con el legislador socialista, la urgencia del Gobierno nacional por obtener más fondos, el otorgamiento a las empresas distribuidoras de formas encubiertas de elevar su recaudación en compensación por la reducción de los subsidios y la suba de costos, y el hecho de evitar el debate del aumento de las tarifas en el período preelectoral; llevó al Poder Ejecutivo a imponer autoritariamente incrementos en las facturas por consumo de gas natural a los usuarios del servicio, incumpliendo los recaudos establecidos por ley para poder establecer un aumento tarifario, un nuevo Cargo o un impuesto, a ser aplicado a los consumidores.
Previamente a disponer todo incremento en las tarifas, se requiere la convocatoria a Audiencia Pública a fin de informar a la población sobre los motivos por los que se pretende tomar esa medida, la situación del servicio y de las empresas distribuidoras, etc. y, por otra parte conocer la opinión de los usuarios al respecto. De tal forma se garantizan escuchar la voz de los consumidores y el acceso a la información antes de tomar una decisión; aspectos que las autoridades nacionales eludieron cumplir.
Además de reclamar la derogación de las normas por las cuales el Gobierno nacional impuso los incrementos tarifarios y el recargo por mayor consumo de gas, por no respetar el marco normativo establecido en la Ley 24076, la presentación del diputado Carlos Nivio solicita que las empresas prestadoras de servicios se abstengan de efectuar cortes en el suministro de los servicios de gas natural y toda otra sanción a raíz de la falta de pago de las facturas emitidas en relación con las citadas Resoluciones.
Finalmente el legislador socialista de Mar del Plaata, también requiere que se proceda a una revisión integral de la estructura tarifaria de los servicios públicos esenciales de gas natural, atendiendo a la situación socioeconómica de cada uno de los usuarios.