Además, comenzaron las rondas de ciudadanos para vigilar las calles italianas, en busca de inmigrantes clandestinos y en defensa del orden público.

La norma, conocida como “paquete de seguridad”, fue aprobada por el Parlamento el pasado 2 de julio, no sin polémicas, ya que la introducción del delito de inmigración clandestina encajó las críticas de la oposición, de la Iglesia e incluso del presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano. En tanto, la introducción de las rondas ciudadanas fue desaprobada por algunos alcaldes de diferentes ciudades, sobre todo en el sur del país.

En materia de inmigración la nueva ley prevé multas de entre 5.000 y 10.000 euros a los inmigrantes sin papeles, que deberán afrontar un proceso en el que podrán ser expulsados de Italia de forma directa.

Se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de sesenta días, y se fija la necesidad de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.

Este punto fue uno de los que generó más polémica cuando el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados, ya que la oposición advirtió del riesgo de que algunas madres no pudieran inscribir en el censo a sus hijos, al carecer de documentos.

La nueva disposición también contempla penas de cárcel de entre seis meses y tres años para aquellos italianos que alquilen una casa a inmigrantes indocumentados, y endurece los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio con un ciudadano de este país.

Otro de los puntos que ha provocado mayor polémica de esta nueva ley ha sido la introducción de rondas ciudadanas. Entre la reglamentación que estudia el Ejecutivo italiano para estos grupos de vigilancia ciudadanos se contempla que no puedan estar formados por más de tres personas, que no podrán ir armados, ni llevar perros con correa.

Estas medidas levantaron voces en contra, que denuncian un resurgimiento de la xenofobia y la discriminación contra los inmigrantes. Ecuador, que cuenta con una importante comunidad de trabajadores que viven en Italia, mostró su desacuerdo y adelantó que responsabilizará al gobierno de Berlusconi por las agresiones que puedan sufrir los inmigrantes latinoamericanos