El diputado del Partido Socialista, Carlos Nivio, presentó un detallado informe referido al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), con el que fundamenta la derogación del mismo ya que, además de ser distorsiva su aplicación, fue establecido por el gobierno provincial para beneficiar a las empresas distribuidoras sin la correspondiente intervención de la Legislatura.
El informe elaborado demuestra que el PUREE implica un Cargo Adicional sobre el consumo de electricidad, que no está contemplado por el Marco Regulatorio Eléctrico establecido por la Ley 11769, motivo por el cual debió modificarse dicha norma para poder implementarlo. Al no haberse dado intervención a la Legislatura se podría invalidar todo lo actuado y hasta tener que reintegrar lo cobrado por demás a los usuarios.
En los fundamentos de la presentación legislativa de Carlos Nivio también se destaca que ya el régimen tarifario tiene incorporado un mayor costo por el incremento en el consumo de electricidad, motivo por el cual se ha venido imponiendo un doble “castigo” por el mismo ítem a los usuarios. Ello también sería causal para cuestionar la legalidad del Programa.
El estudio también hace hincapié en las grandes inequidades que ha provocado la aplicación del PUREE, al castigar a los sectores bajos y medios de la población, imposibilitados de reducir sus consumos eléctricos debido a la inseguridad, al crecimiento de la familia, o por la utilización ineludible de artefactos de alto consumo, tales como calefactores eléctricos, situación agravada en períodos de muy bajas temperaturas.
El diputado reafirma en su informe que el establecimiento del PUREE tuvo su origen en el año 2004 con un acuerdo entre el gobierno nacional y las empresas distribuidoras de energía eléctrica, y por el cual se les permitía a éstas obtener grandes beneficios económicos, evitando un aumento de las tarifas. Sin embargo, el pasado año se registró un fuerte incremento de las mismas sin que dicho Programa fuese anulado, lo cual significó una doble ganancia para las empresas distribuidoras, muchas de ellas de ligadas a multinacionales.
Otra de las falacias del PUREE –de acuerdo con el estudio- es la supuesta reducción en los niveles de consumo que se lograría, en momentos de una crisis de abastecimiento de energía eléctrica –desestimada al poco tiempo por el propio gobierno-, y cuando se promovía la reactivación económica. Estaba claro que ese objetivo no se podía cumplir y que iban a ser muy superiores los casos de mayor consumo que los de reducción, lo que se ha venido comprobando por las propias cifras oficiales que demuestran que los sancionados duplican a los beneficiarios por ahorro energético. Es decir que las empresas obtuvieron por el “castigo” a los usuarios ingresos exorbitantes –como se preveía-, a cambio de no incrementar las tarifas.
Ante los múltiples reclamos que se fueron presentando, tanto a nivel nacional como provincial, por parte de usuarios que recibían facturas de electricidad con incrementos de un 200 y hasta 400%, los organismos reguladores comenzaron a realizar numerosas modificaciones al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, lo que produjo grandes distorsiones e inequidades en su aplicación.
Nivio destaca en su iniciativa legislativa que la costumbre del Gobernador Daniel Scioli de adherir automáticamente a todo programa lanzado por el gobierno nacional, provoca problemas como ocurre con el PUREE donde no se han tenido en cuenta las diferencias normativas y se han cometido numerosos errores que lo han hecho complejo, injusto, incoherente, contradictorio y, particularmente, ilegal a partir de su propia creación.
Como síntesis del informe que fundamenta su presentación y donde detalla los cuestionamientos al citado Programa, el diputado del Partido Socialista plantea la derogación inmediata del PUREE –instaurado por la Resolución Nº 281/05- por su ilegalidad -demostrando con antecedentes-, por sancionar económicamente a quienes no pueden evitar aumentar su consumo eléctrico, y por constituir en la práctica una forma de incrementar los ingresos de las empresas distribuidoras.
Finalmente, cabe recordar que el legislador es también autor de otras iniciativas legislativas destinadas a reducir el costo de las facturas del gas así como de la electricidad, en este último caso por medio de la eliminación de diversos impuestos sobre el consumo, los cuales -ha demostrado-deben ser suprimidos por no corresponder su aplicación a los usuarios.