Según el profesional inmobiliario, “la propuesta creada e impulsada por la senadora riojana Teresita Nicolasa Quintela, (FPV) parece ser que tuvo desde el principio una fría recepción por parte de sus pares, y mucho más, después de las reuniones mantenidas con representantes de las principales entidades inmobiliarias del país”.

Consultado acerca del contenido de este proyecto, Acampora indica que “los principales artículos establecían una rebaja en los valores de los alquileres, incluso para los contratos vigentes, -el precio de las locaciones y el ajuste del valor mensual no podría, en ninguno de los casos mencionados, superar las 150 avas parte de la tasación fiscal vigente, lo que traducido a números, significa menos de un tercio del valor real del inmueble-; modificada el plazo mínimo actual de 2 a 5 años para las viviendas y de 3 años como es ahora por 6 años para los restantes destinos; también pretendía otorgar la renovación automática de los contratos, crear un aval bancario en lugar del tradicional fiador, como que los alquileres se pagaran únicamente mediante depósitos bancarios; otro artículo creaba la Organización Estatal de Viviendas para Alquilar (OEVA) y, entre otros disparates, propiciaba la expropiación de inmuebles ociosos para que fuera el Estado quien los diera luego en alquiler”.

“Todo lo mencionado, más otras descabelladas ideas, no hacía más que volver totalmente inconstitucional esta propuesta, cercenando el derecho a la propiedad, afectando gravemente el principio de la autonomía y la libertad de la voluntad de las partes para contratar, con serio desmedro y perjuicio a la seguridad jurídica y a la confianza de la sociedad en el respeto que efectuarán los órganos legislativos de las normas constitucionales; desalentaría fuertemente el incentivo de inversión de capitales genuinos en nuestra economía formal de construcción de inmuebles, generadora de  mano de obra en forma multiplicadora como ninguna otra actividad, como así también que  la falta de inversión en el sector, generaría un efecto contrario al que se pretende, pues la falta de oferta de unidades en alquiler, desencadenaría una escasez e incremento en los valores de locación perjudicando a los mas desprotegidos y crearía un mercado negro para los alquileres, con un principal perjudicado: el inquilino

Acampora indica que en este momento “hay una muy fuerte cartera locativa, no solo en Mar del Plata y la Capital Federal, sino también en las principales ciudades del país, lo que está permitiendo que la oferta y demanda regulen los precios, en muchos casos hacia abajo, como ocurre desde hace algunos meses con los contratos comerciales vigentes, donde el propietario, ante un buen inquilino, prefiere bajar un poco el valor antes que perderlo y tener varios meses la propiedad vacía a la espera de un nuevo cliente, del que no sabe cómo será su comportamiento”.

Celebra el profesional que este proyecto no prospere, pues “hubiera sido retrotraernos a 66 años, cuando en 1943 el presidente ‘de facto’ Ramírez sancionó el Decreto Ley 1508/43 que contenía estos mismos artículos y ocasionó el retiro total de la oferta locativa, -con todas las consecuencias que podemos imaginar y/o recordar quienes vivían por esa época- decreto que tenía plazo de un año y se fue postergando hasta 1953”.

Finalmente, el entrevistado dice que “siempre, en toda época, la intervención del Estado en los contratos privados trajo estos problemas; lo que debiera hacer el Estado, es preocuparse por dar posibilidades de acceso a la vivienda a las casi tres millones de familias que la están necesitando, mediante créditos accesibles acordes a la capacidad de pago del tomador, o sea, plazos más largos con tasas más bajas, como también promover el Capítulo III de la actual Ley 23091 de Locaciones Urbanas que creó un sistema con medidas promocionales para los propietarios de viviendas destinadas al alquiler, con importantes beneficios impositivos, entre otros”.