Cuando el mal recordado ex ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires León Arslanián, vendió a este desdichado estado un mal llamado plan de seguridad que consistía como base principal en la destrucción sistemática de la institución policial en pos de una proclamada reforma policial, se cuidó de adornar el pastel de suficientes aditamentos que debidamente camuflados no ocultaron para los avispados la segunda intención de comprometer al mayor espectro en las responsabilidad resultandos de sus proyectados desvaríos.

Es así que previendo o no el gran fracaso en que a la postre resultaron sus planes, y reformas institucionales, de las cuales sin ir más lejos de algunas hemos visto recientemente dar forzosa marcha atrás antes del desbarranco total, no regresándose al punto de partida solamente por la vergüenza que ello significaría para tan “renombrado jurista” y sus padrinos políticos, más aún si tenemos en cuenta la sospecha de que mucha de la agresión hacia la institución policial podrían tener más un trasfondo ideológico por encima de otras conveniencias.

A toda la batería de medidas tomadas en aquella oportunidad y entre el gran despliegue mediático, donde no se escatimaron insultos y agravios a todos los integrantes de la institución por la supuesta corrupción generalizada existente, que dicho sea de paso no alcanzó para llevar a ni uno solo de los funcionarios policiales calificados de esa forma a los estrados judiciales con lo que se demuestra el escaso sustento de las acusaciones, se sumo la también promocionada Ley de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que por supuesto “nuestros representantes” en la legislatura se apuraron a aprobar en la seguridad de que de alguna forma contribuiría a disminuirle sus propias responsabilidades en el tema de la seguridad pública.

En forma rimbombante, entre otras cosas la ley creo el pomposamente llamado Consejo de Seguridad Provincial, (casualmente ahora reflotado) integrado entre otros por los denominados “Foros de Seguridad”, en tres niveles para ser más precisos, “seccionales”, “municipales” y “departamentales”, con la segura intención de comprometer como se ha dicho, a la mayor cantidad de personas e instituciones posible en responsabilidades sobre las políticas de seguridad pública, que bien sabemos son de exclusiva responsabilidad y competencia del Poder Ejecutivo Provincial.

Claro está que a nadie se le ocurrió preguntar como podrían dichos foros, integrados por representantes de instituciones tan disímiles como se preveía, y por ende en la generalidad de los casos completamente ajenas a la cuestión sobre la cual incidirían, colaborar en la buena marcha de la institución policial al constituirse incluso como “controladoras” de sus tareas, salvo que se llegara a pensarse que la profesionalización policial podría depender de tan débiles sostenes.

Por lo demás y transcurridos unos cuantos años de la conformación de los citados foros, la experiencia no puede señalarse como exitosa como ayuda para el combate del flagelo de la inseguridad, es más muchas de las organizaciones originales que los integraron se fueron alejando poco a poco ante la poca seriedad que tenía su cometido, muchas veces circunscripto a la mera “alcahuetería” hacia el Ministerio de Seguridad de alguno de sus responsables que no veían con buenos ojos, o no le resultaba simpático el jefe de la dependencia correspondiente, costándole a éste muchas veces hasta su carrera o por lo menos su destino.

Debería tomarse conciencia que a pesar de la buena voluntad con que muchos foristas encararon su cometido poco a poco se fueron dando cuenta de que la situación real no pasa tanto por la actividad policial sino por la inacción política, la falta de recursos, el respaldo legal y otras cuestiones por el estilo, mientras que los lugares dejados por los bienintencionados fueron en muchos casos ganados por punteros políticos, avivados y avisados oportunistas que como es de público comentario limitaron sus aspiraciones en bien de la seguridad pública a obtener la presencia de un patrullero en la esquina de su propio domicilio, ganar chapa de “influyente” ante la policía con sus vecinos o incluso aviarse de algún dinerillo extra tan solo por no tomar el teléfono “ministerial” y hacer valer su carácter de “forista”.

A poco más de una década de la creación de los famosos foros y aún cuando su implantación poco o nada ha contribuido a la seguridad pública y a la participación ciudadana como tanto se promocionara y que precisamente no se constituye con organismos de este tipo ni con las atribuciones que les fueran fijada, se anuncia la puesta en vigencia del Consejo de Seguridad Provincial que como sabemos la misma Ley prevé debe conformarse entre otros por los mencionados foros de seguridad, es entendible que pocas esperanzas podamos abrigar sobre los resultados que puedan obtenerse, sobre todo mientras que el principal constituyente de un sistema de seguridad seriamente diseñado, como lo es el elemento humano, que no puede comprarse ni reemplazarse, no sea tenido en cuenta y ciertamente se le reconozcan los derechos ciudadanos que le corresponden.
(La opinión de los columnistas no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General)