“Salir con una pancarta y trancar una calle para reclamar por la falta de agua, por el mal estado de una escuela, por el incumplimiento en el pago de los sueldos o para expresar su disconformidad con una autoridad le ha costado a 2.220 venezolanos tener que estar sometidos a un proceso penal, en casi 9 años” - publica el periodista Juan Francisco Alonso de El Universal de Caracas.

La denuncia la formuló Mariano Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien rechazó la amenaza de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de enjuiciar a todo aquel manifestante que “altere la paz pública”.

Se precisó que estas cifras fueron concedidas por el Ministerio Público, y luego publicadas por organizaciones sindicales y campesinas, y por los medios de comunicación.

El movimiento campesino venezolano Jirajara denunció también que los trabajadores del campo son una de las principales víctimas de la criminalización de la protesta.

En abril, la organización informó que 1.507 pequeños agricultores se encontraban en libertad condicional, debido a sus actividades en pro de la guerra contra el latifundio iniciada por el caudillo bolivariano.

El diputado Braulio Álvarez encabezó distintas movilizaciones hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público para reclamar el fin de los procesos contra los campesinos y para exigir se identifique y sancione a los autores de los asesinatos de los más de 200 líderes agrarios ocurridos en los últimos años.

A las cifras de Jirajara, Provea suma también las de los distintos sindicatos, los cuales reportan que 150 trabajadores tienen abiertos expedientes en el Ministerio Público por ejercer sus derechos a la manifestación y asociación.

Igualmente Alvarado recordó que sólo en 2007 la Fiscalía inició investigaciones penales contra 120 estudiantes universitarios por participar en protestas contra el fin de la concesión a Radio Caracas Televisión.

“Estas cifras son conservadoras, porque hay casos como las manifestaciones de las barriadas y caseríos, que no salen a la luz pública. Hay muchos dirigentes comunitarios sometidos a procedimientos por protestar”, completó.