Descontado está que debemos reconocer en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por lo menos haber demostrado la intención de volver a encauzar la Policía dentro de los cánones que deben regir una repartición de este tipo, al procurar mediante la recientemente votada nueva Ley de Personal y su posterior reglamentación dar una evidente señal de haberse reconocido que la barbaridad implementada por el mal recordado ministro Arslanián había dado ya pruebas más que suficientes de su fracaso al sembrar la anarquía dentro de la carrera policial, atentando contra su desarrollo normal y por ende contra el propio sistema de seguridad provincial.

Los ascensos y designaciones “a dedo”, ingresos no regulados, las prórrogas reiteradas de la Ley de Prescindibilidad, (aún vigente) y la falta de previsibilidad del trabajador policial sobre su futuro dentro de la fuerza, sometido a los vaivenes de caprichos políticos, “amistades” o “enemistades”, clientelismo y demás, sin el amparo de una ley adecuada que proteja al funcionario no comprometido, hicieron por supuesto un daño que llevará muchos años reparar, siempre y cuando el nuevo camino emprendido haga del respeto por las normas una constante que se mantenga hacia el futuro.

Todos los policías sabemos de sobra que este cambio va mas allá de las denominaciones jerárquicas de capitán por comisario y demás, como sospechosamente la generalidad de la prensa pareció limitarlo sin profundizar en razonamientos de fondo para que fuera mejor entendido por la ciudadanía, pero también no podemos dejar de señalar que esta misma legislación que de alguna manera significa un paso adelante en el constante retroceso en que venía sumergiéndose la institución, cuenta con algunos aspectos cuestionables que bien podrían haberse evitado si a la hora de su redacción se hubieran tenido en cuenta con mayor detalle los intereses de aquellos hacia quienes se dirigía la norma, es decir las personas integrantes de los cuadros institucionales.

Sin entrar en detalle sobre la calidad poco democrática y a tono con los tiempos modernos de muchas de las faltas disciplinarias contempladas por la reglamentación, más propias de épocas muy remotas o dictatoriales que del presente siglo XXI, dos cuestiones se hacen evidentes como injustas y perjudiciales.

Por un lado la situación de los llamados “antiguos suboficiales”, muchos de los cuales hallándose al momento de la anterior reforma a sólo una o dos jerarquías de la máxima a aspirar dentro de su escalafón, con la nueva regla no solamente no conservaron esa situación, sino que incluso retroceden en su carrera por cuanto ahora le restan hasta tres jerarquías para el final de su carrera, con lo cual no sólo se le han cambiado en dos oportunidades las reglas de juego, sino que, sobre todo en la última oportunidad se lo perjudica notablemente, por el sólo motivo de que a alguien en algún momento se le ocurriera jugar no solamente con la vida y los bienes de los bonaerenses, sino con la carrera de los policías de este distrito poniendo en práctica experiencias de escritorio en materia de seguridad que a cualquiera medianamente entendido le resultaban evidentemente negativas.

En otro sentido también quienes ahora, solamente a título de responsabilidades, les cabe la jerarquía de subcomisario, por haber estado anteriormente en el equivalente a lo que fuera un oficial principal, lo es solamente con ese criterio ya que la misma ley en forma por demás irregular prescribe que a pesar del nominal ascenso el beneficio de la jerarquía recién le será abonado a partir del año próximo, con lo cual se ve perjudicado en el doble sentido además de asumir nuevas responsabilidades, de no percibir lo que le corresponde por esa nueva jerarquía, y por la misma también encontrarse imposibilitado de realizar servicios adicionales con los cuales mejorar sus ingresos antiguos.
 
Quizás el evitarse que muchos camaradas, en contra de toda lógica sigan en la famosa incertidumbre del ser o no ser que titula esta nota, poco hubiera costado si la democracia fuera una realidad palpable y no meramente declamatoria en nuestro país y si dentro de ella el derecho constitucional de agremiación para el trabajador policial fuera reconocido para convertir a este en un ciudadano pleno y no de segunda categoría como se le sigue considerando hasta ahora.

(ACLARACIÓN: Las opiniones vertidas en esta columna no siempre coinciden con el pensamiento de la Dirección General).