Desde hace algunos años los argentinos venimos soportando las molestias que ocasionan continuos y reiterados cortes de rutas que realizan grupos que ante la indiferencia de la atención de sus reclamos por parte de las autoridades optan por este sistema para poder llamar la atención.

Demás está decir que pese a las reiteradas declaraciones de funcionarios políticos acerca de la intención del gobierno nacional “de no judicializar los cortes de rutas”, los mismos constituyen nada más y nada menos que un delito de acción pública, previsto y penado en el Código Penal Argentino, que afecta grandemente al resto de la sociedad ajena a los motivos de la protesta.

Por otra parte, como hemos visto, el hecho de que este proceder requiera la atención de las autoridades y su preocupación para hacer cesar su calidad de delito en desarrollo, responde a que sus realizadores o sus motivos resulten más o menos simpáticos al pensamiento oficial, con lo cual mientras que con el apoyo tácito o expreso de los gobiernos central o provinciales existen cortes incluso de pasos internacionales que se mantienen por años, en otros se dispone inmediatamente de resolución judicial para despejar el camino, sin tenerse en cuenta que el delito existe cuando se comete la figura prevista por la ley y no dependiendo de quién lo realice o sus motivos.

Esta dualidad de procederes vuelve a poner a la fuerza policial en una situación por demás difícil y crítica frente a la sociedad que en general por un lado reclama con razón para que cumpla con su obligación primaria de detener la comisión de un delito de acción pública y despejar los caminos y por otra parte de otros sectores que consideran, debido al confuso mensaje oficial, que reprimir a sus autores ante la negativa a retirarse resulta una medida abusiva, mas cuando otras situaciones similares o peores resultan toleradas, con lo cual nuevamente se distorsiona la imagen de la institución policial.

En  los actuales casos más difundidos por la prensa del conflicto en una fábrica del Gran Buenos Aires y la protesta de los vecinos de la ciudad de Lezama, resulta por demás elocuente la cita esgrimida permanentemente por APROPOBA al respecto de una resolución del Consejo Europeo de Sindicatos de Policías, cuando menciona que “Los gobiernos no deben utilizar a sus fuerzas policiales para la solución de los conflictos sociales, sino que deben arbitrar las medidas políticas para la solución de esos conflictos”, ya que está demostrado en ambos que estas situaciones han llegado hasta este punto por la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades para realizar el manejo político necesario para la solución de esos conflictos.

Dado el actual estado de las cosas y resultando previsible que nuevas protestas reiteren o agraven la actuación de los llamados “piquetes de corte de rutas”, en los que seguramente se involucrará al trabajador policial, desde APROPOBA, reiteramos nuestra preocupación sobre la necesidad de que la clase política gobernante sepa encontrar las soluciones necesarias para la superación de ese tipo de problemas para que la fuerza policial en lugar de tener que enfrentar de una u otra forma a la sociedad constituya para ella la garantía de seguridad que justifica su existencia.
ACLARACIÓN: Las opiniones vertidas en esta columna no siempre coinciden con el pensamiento de la Dirección General