En los considerandos de su oposición Nivio manifestó que el proceso de privatización iniciado en la era menemista también llegó a las rutas del país. En aquel momento la justificación era que entregar las rutas permitiría mejorar la calidad, disminuir costos y bajar precios.

Esa  pérdida de poder del Estado resultó patéticamente evidente en el caso de las concesiones otorgadas a COVISUR y Caminos del  Atlántico. Hemos visto en todos estos años que el planteo de que con la privatización “se transfieren al concesionario los riesgos inherentes a la actividad”, es falso.

En la práctica, cuando el concesionario no alcanza los beneficios esperados acude a la Administración Pública de turno, exigiendo modificaciones en el mandato original del contrato de concesión. Si no lo logra con seguridad no cumplirá con las obras que -como objetivo primordial- se tuvieron en cuenta al  momento de la privatización.

Estas razones motivaron que –en su momento- el diputado Nivio presentara diversos proyectos legislativos contra el sistema de peaje, cuestionando los incumplimientos contractuales de las concesionarias, el manejo arbitrario de las multimillonarias cifras de dinero recaudadas que deberían ser destinadas a obras viales, el aumento de las tarifas, los acuerdos ente el gobierno y los empresarios para extenderles las concesiones y eliminarles el canon, y la obligación de mejorar las rutas, así como sobre el otorgamiento de subsidios a los concesionarios.

En otro proyecto de ley el diputado socialista establece que las obras viales en las Rutas provinciales vuelvan a estar a cargo de la Dirección de Vialidad. Para lo cual se debe exigir que el Gobierno Nacional envíe los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos a los combustibles (ley que fue sancionada con el objetivo de eliminar las cabinas de peajes), así como de otros establecidos para el desarrollo de trabajos viales.

Ahora se plantea entregar las rutas por 30 años más a una sola empresa. Para tener una idea de los montos de dinero que se pueden estar manejando con esta intención baste mencionar que la recaudación estimada por cobro de peajes para el 2009 es $ 106.500.000. Esto significa que -de mantenerse los actuales valores de peaje- el negocio que se propone estaría en el orden de los 3.198 millones de pesos.

Recuperar los caminos por parte del Estado, supone poner fin al ciclo mas escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina, y a la vez, retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía.