Pasó un nuevo Coloquio, y los empresarios que acudieron a la convocatoria de IDEA para debatir en Mar del Plata temas como competitividad, posicionamiento internacional, infraestructura, inserción laboral y hasta su propio rol en todos esos órdenes, volcaron en el último día sus conclusiones.

Además, los principales ejecutivos de las empresas que más facturan en el país creen que el año próximo será de mayor conflictividad social que 2009 y que el Gobierno necesitará financiamiento para cubrir los vencimientos de la deuda. A la hora de confesar sus proyecciones económicas, los entrevistados sólo estuvieron de acuerdo con la letra del Presupuesto 2010 en la previsión de crecimiento. Sin embargo, en la meta de inflación, que el Gobierno pautó en 6,1% para todo el año, y en el tipo de cambio, que fijó en $ 3,95, no hubo coincidencia.

El resultado fortaleció un par de nociones de los paneles durante las tres jornadas: el descreimiento en el papel del Gobierno, lo que debería cambiarse para lograr más eficiencia y, sobre todo, la intención de asumir una posición más proactiva en cuanto a políticas estratégicas para el país.

En realidad, todo quedó reflejado en una encuesta final de la consultora D´Alessio-Irol a 130 participantes. Las respuestas fueron contundentes en varios ítems, sobre todo en lo relacionado a la gestión pública: 7 de cada 10 opinaron que, por ejemplo, debería eliminarse la estabilidad del empleado público e implantarse el concurso de cargos por mérito, como medida principal para tener un Estado “moderno y eficiente”. En igual medida, piden “las mismas reglas de juego para el sector público y privado”.

Por otra parte, 6 de cada 10 consultados concluyeron en que el país necesita redefinir su modelo de inversión en infraestructura. La mayor parte de esa porción había presenciado el panel al respecto, en el que expertos como Fernando Navajas, de la Fundación FIEL, remarcaron la necesidad de elevar a u$s 20 mil millones el volumen anual de recursos para adecuar el estado actual.

Según D´Alessio, esa mayor parte corresponde a empresas internacionales y exportadoras, que también coincidieron en que podrían competir globalmente si los costos de infraestructura no estuvieran subsidiados, no obstante mostrarse a favor de una adecuación gradual de precios a valores reales y limitar los subsidios a los sectores vulnerables.

También la necesidad de garantías adicionales que le den previsibilidad al cumplimiento de contratos de largo plazo fue otra preocupación.

De hecho, la mitad de los empresarios (en gran parte ejecutivos de multinacionales) lo consideraron prioritario.

Sin embargo, uno de los datos más rescatables del encuentro empresarial fue el que confirma la vocación, declamada durante el Coloquio, de un mayor compromiso del sector privado en la cosa pública. Respaldado en un 70% de encuestados que aseguraron participar “activamente en entidades del sector”, a la hora de precisar cuál debería ser el papel de dichas entidades un 59 por ciento mencionó primero la tarea de elaborar propuestas concretas de políticas de Estado, con independencia del Gobierno de turno.

Pero así como en ese aspecto hubo énfasis, en otros predominó el escepticismo. ¿Es posible un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para lograr un sistema impositivo estable y un esquema de gasto que termine con las crisis fiscales recurrentes en Argentina?, fue otro de los interrogantes a responder, que dividieron las posiciones entre un 43% que lo consideró viable, y otro 42% que optó por descartarlo bajo el argumento de que “las fuerzas políticas están atomizadas y no coinciden con los instrumentos de fondo”.

Fuente: Diario Los Andes