En el megaoperativo, que fue ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por la mafia de los medicamentos, se detuvo a un médico oncólogo, a tres directores técnicos de laboratorios y a comerciantes de remedios robados o falsificados, entre otras irregularidades. Hasta anoche los detenidos, entre ellos una mujer, se encontraban incomunicados a la espera de ser indagados.

Efectivos de la Unidad de Investigación del Delito de la Policía Federal, a cargo del comisario Néstor Roncaglia, secuestraron documentación contable, computadoras y varias decenas de remedios en el laboratorios del Plata, Bisol y Fénix y las obras sociales de Empleados de Electricidad y de Empleados de Teléfonos, entre otras.

Los medicamentos secuestros fueron enviados de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su inmediato análisis.

Uno de los allanamientos fue en una imprenta donde se secuestró planchas de troqueles de medicamentos falsos por un valor total de 500 mil pesos.

Este dato abre la conexión con piratas del asfalto que podrían haber aportado medicamentos robados a la organización a los cuales después le cambian los troqueles. Otra alternativa era que los troqueles truchos son usaban en remedios falsos o estirados.

Anoche al regresar del operativo, el juez Oyarbide implantó el secreto de sumario en la causa. En principio, se abrió un expediente nuevo pero fuentes judiciales estimaron que pronto se sumará a la causa madre denunciada en el 2007 por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

De esta forma, se siguen acumulado documentos y otras pruebas en el caso de la mafia de los medicamentos y expedientes paralelos.

Hace más de 20 días atrás, Oyarbide había adelantado que llamaría a declaración indagatoria como sospechosos al ex titular de la Superintendencia del Servicio de Salud Héctor Capaccioli, al titular de la obra social bancaria Juan José Zanola y al dueño de la droguería San Javier Néstor Lorenzo, entre otros, pero hasta ahora no lo hizo por varios motivos.

Es que por un lado Zanola recusó al juez ante la sala II de la Cámara Federal porteña que rechazó la medida. Sin embargo, el dirigente bancario llevó su apelación a la Cámara Nacional de Casación Penal, que tiene el tema para resolver. Estas recusaciones retrasan la toma de decisiones sobre las responsabilidades en el caso.

Otra razón del retraso sería la enorme cantidad de documentación secuestrada para analizar y usar como prueba en esta causa que tiene conexiones con Triple Crimen de General Rodríguez y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner en 2007.