El ministro de Economía, Amado “Aimé” Boudou, está imputado por su actuación al frente de la ANSeS junto a otros cuatro funcionarios públicos. La diputada nacional Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, realizó una denuncia sobre el supuesto manejo irregular de fondos del organismo y la jueza María Servini de Cubría ya realizó las primeras medidas de prueba en la causa judicial que lleva el fiscal federal Jorge Di Lello.

Reyes, que integra la Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, había denunciado a Boudou por la compra de bonos por 475 millones de pesos, en un valor superior a los del mercado (el actual ministro de Economía firmó las resoluciones necesarias para usar esos fondos cuando era titular del organismo). Según publica el diario Clarín, la legisladora explicó que la ANSeS “habría comprado más caro a la Tesorería General de la nación un título público nacional que cotizaba sensiblemente más barato en el mercado”.

El matutino detalló las medidas de prueba que el fiscal Di Lello sugirió para poder encaminar esta causa por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público: 

Que la Bolsa de Comercio indique la cotización del “Bono de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada + 275 pbs. Vto 2014” desde el 16 al 30 de junio de 2009.

Que además, realice un informe en el que se determine la fluctuación de ese bono en el mercado de valores. Esos bonos fueron comprados por ANSeS y esa operación es la denunciada.

Que se pida al Ministerio de Economía de la Nación que remita los expedientes S01: 0021456/ 2009 y S01: 0218915/ 2009 en los que se sustentan las resoluciones conjuntas Nº 8/ 09 y 5/ 09 y 134/ 09 y 37/ 09. En esos expedientes quedó reflejada la operación.

La jueza Servini de Cubría ya realizó esas dos medidas propuestas por Di Lello y quedarían pendientes otras dos:

Que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES remita las actas 1 y 6 del año 2009 con sus anexos. En esas actas se convalidó la compra de los bonos a un precio más alto.

Que una vez que se reúna la documentación, se pida una pericia conjunta entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y expertos de la Corte Suprema de Justicia para tratar de determinar si la operación denunciada por la diputada Reyes, es habitual en el sistema de financiamiento a través de títulos públicos.

Además de Boudou, están imputados en la causa Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas de la Nación, Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda, Martín Abeles, secretario de Política Económica, todos integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). También está imputado Sergio Chodos, ex subdirector de Operaciones del FGS.