El cargo, según se anunció oficialmente, será ocupado temporalmente por el actual vicepresidente de la entidad monetaria, Miguel Angel Pesce.

El decreto, que lleva las firmas de la Presidenta y de la totalidad de los integrantes del Gabinete Nacional, instruye además al Procurador del Tesoro de la Nación a presentar la denuncia respectiva por los cargos de mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El decreto de remoción deja de lado “la aplicación del segundo párrafo del artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por la Ley 24.144”.

El artículo cuarto de la norma establece dar cuenta de la decisión “a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación”.

En los considerandos del decreto se destaca la decisión oficial que dio lugar a la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad y se habla de una “actitud remisa del Presidente del Banco Central de la República Argentina, quien públicamente ha manifestado que no ejecutaría el cumplimiento de la norma”.

Señala que en la víspera Redrado “intentó suspender y evitar” la reunión de Directorio convocada para hoy jueves, “invocando la inexistencia de temas para ser incorporados en el orden del día y que el tratamiento de los incluidos en carpeta no reviste el caracter de urgente”.

“El artículo 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación establece la facultad del Poder Ejecutivo Nacinal de dictar normas de carácter legislativo en situaciones excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios”, afirmó el gobierno.

“La creación y constitución del Fondo del Bicentenario constituye una medida de política económica que ejecuta en el orden local una medida cada vez más generalizada en los estados modernos para optimización del uso de las reservas cuando aquellas exceden lo razonable para preservación de la estabilidad financiera y la moneda nacional”, apuntó el decreto en sus considerandos.

“Se trata -agrega- de dar a los acreedores de la República Argentina y a los mercados financieros, suficiente certeza sobre la cancelación de los vencimientos del año 2010”.

En relación a la actitud de Redrado dice que “quien debe preocuparse por el cumlimiento de las normas, se niega a aplicarlas, y además trata de entorpecer o desconocer la acción de Directorio de la entidad, siendo ello inadmisible”.