Por Miguel Angel Reynoso
Secretario General de APROPOBA
En la fecha ha salido a la luz en distintos medios de información los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Torcuato Di Tella según la cual el relevamiento realizado en las provincias argentinas con mayor cantidad de habitantes sobre la imagen y evaluación de la gestión de los gobernadores y los temas que causan mayor preocupación en la población, nuevamente se observa que la inseguridad resulta ser el pensamiento principal, especialmente en los distritos de mayor población, destacándose en primer lugar con un 35,3% la provincia de Buenos Aires, seguida por la Capital Federal y en tercer lugar la provincia de Córdoba.
Hasta aquí a pesar de resultar una noticia poco novedosa ya que es posible llegar a esa conclusión solamente con escuchar los reclamos ciudadanos, no deja de llamar poderosamente la atención lo poco o nada que realizan los gobiernos provinciales, responsables directos de la seguridad de los habitantes de sus distritos.
Un ejemplo claro lo da la propia provincia de Buenos Aires, ubicada según la encuesta en el primer lugar de preocupación por el tema por parte de los ciudadanos y donde salvo la mención ocasional del titular del ejecutivo provincial sobre “lo mucho que se está trabajando sobre el tema de la seguridad”, los hechos reales en materia de medidas de gobierno en tal sentido nos demuestran todo lo contrario.
La cada vez mas acuciante falta de los recursos necesarios para la labor policial en todos los ámbitos institucionales cajas chicas ausentes o demoradas, carencia de combustible necesario, de munición para la práctica de tiro, carencia de medios de comunicación necesarios, ya que los existentes han cumplido acabadamente su periodo de vida útil o directamente se encuentran con las baterías agotadas, carencia de repuestos y demás, por mencionar algo, es solo una parte de la problemática general que afecta a la fuerza policial y la disminuye en su capacidad operativa.
La otra y mas importante todavía es el absoluto y total abandono que hace el gobierno provincial del elemento humano que como principal e irremplazable componente, forma parte de todo sistema de seguridad, el cual ha llegado a un punto total de confusión entre el personal debido a la carencia atotal de información que haga a su situación, pago de diferencias adeudadas, pagos en negro, posibilidad de “prescindibilidad” y otras bajezas que quienes manejan el estado se dan el lujo de perpetrar ante la total ausencia de una justicia que como tercer poder de gobierno debería poner los límites necesarios.
Evidente ejemplo de lo que se menciona es el no cumplimiento de los beneficios que prescribe la ley vigente a partir de julio del 2009 y que deberían haber ingresado al bolsillo de los policías bonaerenses con los haberes del mes de febrero ya comenzados a percibir y en los cuales su ausencia no puede pasar desapercibida, con mayor descontento aún ante la incertidumbre sobre la posibilidad de poder cobrarlo algún día, mientras los gremios de los demás sectores estatales ponen sus límites a la prepotencia gubernamental haciendo valer el respeto que se debe a todo trabajador, suerte que no le cabe a los trabajadores policiales por el momento en nuestro país cuyo gobierno tanto se precia de defender los llamados derechos humanos, entre los cuales y aunque no se mencione se encuentra el de la libre agremiación.
Ni desde la política oficialista, ni desde la oposición, ni desde los medios de información, ni desde ningún tipo de organización que comúnmente hablan sobre el tema, se escucha la mínima mención acerca de la necesidad de comenzar la lucha contra la inseguridad con una policía bien paga, que le permita a sus integrantes un nivel de vida decoroso, que sea libre para defender sus propios derechos, con los recursos necesarios para realizar su tarea, plenamente informada sobre las expectativas de su carrera, cursos, ascensos, designaciones, y demás si es que se pretenden que asuman una actitud verdaderamente comprometida con la institución, de lo contrario todo discurso no queda nada mas que en eso, y nos convence cada vez mas de que por lo menos a los sectores que se mencionan la inseguridad de los ciudadanos bien poco o nada les importa.
Claro que, como lo demuestra la encuesta que se menciona hay quienes sí se preocupa y lo hacen saber, y son los ciudadanos comunes, entre los cuales paradójicamente se encuentran los propios policías, los que sufren las consecuencias del desinterés de los que pueden hacer algo, y a los que el sistema que les brinda representantes “nominales”, no les da otra posibilidad que esperar pacientemente la próxima elección de autoridades en la sospecha cierta de que una vez mas serán traicionados en los discursos.
ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.