Por Miguel Angel Reynoso
Secretario General de APROPOBA
Luego de muchos días de incertidumbre y mientras se desarrollaba con la mayor difusión periodística la puja entre los gremios de empleados estatales de la provincia de Buenos Aires y su gobierno procurando arribar a acuerdos sobre el porcentaje en los aumentos de los haberes, como siempre el empleado policial fue el gran ausente en las conversaciones como si verdaderamente ni siquiera se lo considerara no solamente como empleado público, sino como simple ciudadano, como viene siendo costumbre en nuestro país desde hace ya demasiado tiempo.
No solamente la ausencia de conversaciones sobre el tema por parte del gobierno de turno se hizo notar en la actitud gubernativa, sino que también puso de manifiesto el desinterés por parte de la totalidad de la clase política, el periodismo en general y también de la sociedad que ni siquiera pronunciaron una palabra sobre la necesidad de la adecuación de los miserables sueldos, que por sobre todo en los escalones más bajos cobra el empleado policial para la realización de unas de las tareas más peligrosas para la vida y la salud.
Como se ha hecho costumbre otra vez el trabajador policial bonaerense debió enterarse por los diarios y en última instancia con respecto a los demás empleados estatales, de lo que unilateralmente el Estado Provincial le otorgaba, a la manera de gracia, de incremento salarial.
No obstante las imprecisiones al respecto brindadas en el anuncio tanto por el Gobernador Scioli, como por su Ministro de Economía permiten suponer que las cosas no aparecerían tan halagüeñas como pretende el discurso, ya que de entrada se aclara que el porcentaje de aumento “podría superar el 19%”, también se menciona que ello es sumando el beneficio por “reescalafonamiento” que deberían haber cobrado algunos y no la mayoría, como se miente, con lo cual la generalidad de los efectivos y muy especialmente los del nivel más bajo al parecer solo recibirán algunas migajas que lo obligarán nuevamente a mantenerse esclavos de los adicionales y las Horas CoRES en detrimento de su descanso y su salud.
Mientras leemos en los diarios que analistas privados según distintos estudios han calculado la canasta básica familiar entre 3.800 y 4.000 pesos mensuales, y teniendo en cuenta que un oficial de policía de pocos años de antigüedad gana en la provincia de Buenos Aires hasta ahora 1.765, a lo que deberá sumarle lo que se deduce mucho menos del 19% del aumento tan ampulosamente anunciado, no podemos decir que tengamos gratas nuevas, lo que sí tenemos es la seguridad del completo desinterés del Estado Provincial por sus empleados que deben cargar sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de integrar como parte fundamental el sistema de seguridad público, en el territorio más conflictivo y peligroso de nuestro país.
Pocas posibilidades de una vida decorosa para sí y su familia le quedan al policía subalterno en la provincia de Buenos Aires, parecería que el también promocionado anuncio de los beneficios para los camaradas heridos, más allá de una justa retribución a su sacrificio se acercara mas a una meta para el logro de una mejora económica que debería encontrarse asegurada.
No importan los discursos. La realidad está a la vista como también la necesidad cada vez más imperiosa de que al trabajador policial argentino se le reconozcan sus derechos en el ejercicio de la libertad sindical, previstos y garantizados por nuestra Constitución Nacional.
ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.
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