El Intendente dijo en declaraciones reproducidas por la Voz del Interior que “ya vetó” la decisión de Gigena y que resolverá en los prómimos días si le solicita que deje el cargo.

“Con un fallo de estos, no tendría que haber inspectores ni controles. Voy a rechazar la decisión del juez. Entendemos que el juez no puede apoyarse en una ley de estupefacientes. El que se encuentre damnificado deberá ir a la Justicia. Esto tiene que quedar bien claro. Vamos a tomar una medida ejemplificadora”, agregó.

El juez de faltas de Santa Rosa de Calamuchita Ricardo Gigena justificó la resolución con la que autorizó a dos motociclistas a no usar casco privilegió “el derecho individual”, y argumentó que el riesgo que asumen los conductores con una acción de ese tipo es similar al de una persona que decide “saltar en paracaídas o volar en parapente”.

“No sólo rechazamos la resolución de este juez sino que la revocamos porque va en contra de todas las ordenanzas y leyes provinciales. Y contra todo el trabajo de la gestión municipal hacia el uso del casco”, destacó el jefe comunal.

Acerca de las medidas disciplinarias hacia el juez, Chavero remarcó que el Poder Ejecutivo del municipio está “un escalón por encima del juez de Faltas”. “Nunca nos metimos siempre y cuando cumpla con las leyes, yo puedo vetar las leyes, nunca lo hice pero en este caso no cumplió con las normas”, dijo.

“Además vamos a emitir un decreto para que el Consejo Deliberante vote medidas con este señor”, informó el funcionario, quien agregó que el juez fue citado para el miércoles “para hablar con él y después de eso tomar una decisión”.

La medida, que abrió una polémica sobre seguridad vial, generó el fuerte rechazo de autoridades nacionales, provinciales y comunales, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, consideró que se trata de “un fallo a favor de la muerte, en vez de a favor de la vida”.

El magistrado eximió del pago de una multa a dos motociclistas que no llevaban el casco puesto y argumentó que su falló se basó en “la posición de los infractores cada vez que hacen uso a su derecho de libertad a usarlo e invocan la inexistencia de daños probables a bienes de terceros”.

“En función a la interpretación que hace la Justicia entiendo que corresponde admitir esta esfera de libertad en personas de mayores de edad para determinar si usan o no el casco y lo hago extensible al cinturón de seguridad”, indicó.

El episodio ocurrió en la localidad serrana el 8 de octubre pasado, cuando Ariel Dimasi y Juan Fullana, ambos domiciliados en la provincia de Buenos Aires, solicitaron la no imposición de la multa amparándose en el fallo de la causa “Arriola”, en el que se declaró inconstitucional la persecución penal por la tenencia de marihuana para consumo personal.