Garzón recibió la noticia en medio de un interrogatorio en su juzgado, el cual debió ser interrumpido tras ser informado de la decisión del Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ).

El magistrado de la Audiencia Nacional se hizo mundialmente famoso al aplicar el principio de justicia universal para perseguir al ex dictador chileno Augusto Pinochet, y lograr que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad.

Luego de conocer la decisión del CGPJ, Garzón dejó su despacho en medio de aplausos y abrazos de colegas del edificio, quienes le brindaron su apoyo. Su mujer y magistrados de otras dependencias también se acercaron a saludarlo.

El ahora suspendido juez se retiró sin hacer declaraciones a la prensa y al subir al auto estalló en llanto.

En un pleno extraordinario, los siete vocales que componen el Consejo decidieron suspender al magistrado, quien deberá sentarse en el banquillo de los acusados por la querella impulsada por asociaciones ultraderechistas que lo denunciaron.

Estas organizaciones lo acusan de prevaricato -parcialidad en su función- por abrir una investigación por los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

Resta saber si pese a la suspensión Garzón puede obtener un permiso para ser traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para trabajar de asesor externo del Fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo.

Luego de dos horas de reunión, el CGPJ pidió más documentación para fallar y anunció que cuándo la obtenga se reunirá en “carácter de urgencia” para decidir el futuro del magistrado.

Garzón abandonará así el cargo que ocupa desde 1988, y desde el cual llevó adelante algunas de las investigaciones más importantes de la historia judicial de España contra el narcotráfico, el terrorismo internacional, y la organización separatista vasca ETA.

El juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, dictó el pasado miércoles la apertura de juicio oral contra Garzón, en un juicio que prevé, eventualmente, la inhabilitación de 12 a 20 años.

Al imputarle el delito de prevaricato, Varela sostuvo que una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 “superar la limitación que dicha ley imponía” e intentó ”asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar“ del franquismo.

Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía ”por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar“, agregó el juez del Supremo. La querella contra Garzón fue iniciada por la organización ultraderechista Manos Limpias, y luego se sumaron la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española, pero éste último fue expulsado del proceso el pasado 23 de abril, por haber presentado fuera de plazo la acusación.

La Fiscalía, por su parte, pidió el sobreseimiento del magistrado y el archivo de la causa.

En tanto, el 24 de abril Garzón recusó a Varela por ”interés y parcialidad” en el proceso abierto en su contra y a pesar de que el juez instructor admitió a trámite el pedido y se apartó temporalmente de la causa, cuatro días después el Supremo rechazó de plano la recusación.

Ya sin opciones, el renombrado juez aceptó la invitación que recibió el pasado 6 de mayo del argentino Luis Moreno Ocampo para incorporarse como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya por un plazo inicial de siete meses.

Su traslado, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Exteriores español, no supondría la renuncia a su cargo, del que ahora fue suspendido, y tampoco impedirá que Garzón se siente en el banquillo de los acusados por la causa del franquismo.