“Si la DGI (Dirección General Impositiva) tiene alguna denuncia sobre algún contribuyente, podrá ahora solicitar, de forma expresa y fundada, ante la Justicia, el levantamiento”, dijo el ministro.

Precisó que “el secreto bancario seguirá funcionando, como hasta ahora”, de acuerdo que con la normativa vigente respecto de la autorización judicial y con similares mecanismos y plazos previstos.

Según el Banco Central de Uruguay, el sistema bancario tenía a fines de febrero unos US$ 13.835 millones. De ellos, el 18% pertenece a no residentes. Es decir que en el sistema hay US$ 2.550 millones cuyos titulares son en su mayoría argentinos.

Para tener una referencia, estos números no guardan relación con los que se tenían antes de la crisis de 2001, cuando los depósitos de argentinos y brasileños representaban el 54% de las tenencias de los bancos privados del Uruguay, unos US$ 5.300 millones.

Sin embargo, el crecimiento de esos fondos es innegable. Los datos del Banco Central de Uruguay (BCU) muestran que en el último año, las colocaciones de no residentes aumentaron 40%.

En este sentido, el 60% de ellas están concentradas en sólo cuatro de los trece bancos que operan en la plaza charrúa. Existen unos 40.000 clientes no residentes que tienen cuentas en ABN-Amro, Nuevo Banco Comercial, Itaú y Santander, entre otros.

La nueva medida, aún sometida a debate político, alcanzará a los préstamos realizados por uruguayos residentes a no residentes, depósitos, colocaciones en entidades no residentes en el exterior y otros renglones que no fueron detallados.

Esta medida se suma a la decisión, anunciada el viernes, de publicar en la web del Banco Central del Uruguay (BCU) una lista de 540.000 deudores bancarios.

Esta medida, que generó respaldos y críticas, tiene como finalidad “promover una mayor transparencia y comunicación orientada a usuarios externos al sistema financiero”, explicó hoy Mario Bergara, presidente del BCU, en declaraciones radiales.

El acceso a la información se hará exclusivamente, tanto para personas físicas como jurídicas, en base a números de documentos nacionales o extranjeros, donde se deberá incluir, además del número, el código de país y tipo de documento del país de origen.

Bergara aclaró que “no se trata de una lista de morosos” y que “la información es proporcionada directamente por los bancos”.

“La gente presta dinero a quien conoce” de manera que así “se busca hacer más eficiente el crédito”, agregó el funcionario uruguayo.

Para Bergara “esto es un proceso cultural” al que “habrá que acostumbrarse” porque se convertirá en una herramienta “muy útil” siempre que se haga un “uso equilibrado” de la información.
Fuente: Urgente 24