De acuerdo con la información difundida por los diarios Clarín y Ámbito Financiero, la documentación que intercambiaron funcionarios de los tres organismos para lograr una vigilancia más precisa sobre la compra de dólares está a punto de convertirse en normativa oficial.

Desde el Banco Central y la Unidad de Investigaciones Financieras elaboran nuevas herramientas para intentar poner freno a ese tipo de operación, con el fin de “combatir el lavado de dinero, impedir maniobras de evasión y fuga de capitales”, señalaron fuentes de la autoridad monetaria al matutino económico.

Una de las medidas que se evalúa es que las entidades bancarias deberán constatar que los clientes que adquieran divisas por una cantidad, en principio, superior a 240 mil dólares anuales están en condiciones patrimoniales para adquirirlas, señaló Ámbito Financiero.
En caso de que la documentación no sea satisfactoria, se requeriría al comprador que presente evidencia que justifique esa compra posterior a la presentación de la declaración jurada.

En tanto, no se modificaría el límite de dos millones de dólares por persona por mes para comprar.

En los últimos días, la UIF inició una auditoría para detectar los “agujeros negros” por donde se podría filtrar la fuga de divisas o posibles operaciones de lavado de dinero.