El día 12 del corriente en la edición Nro. 26.393 del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se publicó el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 820, repetido en el diario El Día de la Plata sin mayores comentarios en su edición del viernes 16, según el cual se propiciaba según expediente Nro. 2300-3996 la emisión de bonos para la cancelación de obligaciones “de agentes y ex agentes del Honorable Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia“, cosa que la citada norma autoriza por considerar que los empleados de la Fiscalía de Estado recibían “una bonificación” que resultaba justo alcanzara a los otros organismos por encontrarse jerárquica y remunerativamente equiparados.

Resulta notable que en ningún momento se hace alusión alguna sobre el motivo por el cual surgiera la bonificación mencionada, pero sí especificando claramente que se abonará el 100% de la deuda en 48 cuotas, lo que resulta llamativo frente la realidad que sufrimos miles de policías y penitenciarios retirados que debimos aceptar la prácticamente extorsiva ley 13.437 que dispuso el pago de solamente el 50% del monto que el estado nos debía con motivo del Decreto 1014/1015, y encima en 60 cuota, la última de las cuales sumamente devaluada percibimos recién el mes pasado, ante la total ausencia de la justicia que permitió esta verdadera despojo.

Ahora bien, si procedemos a realizar una breve averiguación sobre el origen de esta bonificación que obtuviera originalmente el personal de la Fiscalía de Estado, y que ahora se hace extensiva a otros organismos de gobierno vemos que desde hace unos cuantos años esta dependencia provincial había obtenido la autorización para que el dinero obtenido por la subasta de vehículos secuestrados puestos a su disposición, en lugar de ingresar a Rentas Generales como lo preveía el presupuesto, quedara en la misma dependencia en la que se uso implementar una “bonificación” a pagar entre funcionarios y empleados. Como quién dice “nos repartimos la plata y listo”.

Dice una publicación del diario El Día, del 23 de diciembre del 2003, titulada :La increíble historia de una bonificación salarial. Al poco tiempo, los otros Organismos de la Constitución (el Tribunal de Cuentas, la Tesorería y la Contaduría, que junto con la Fiscalía son los que controlan que toda la Administración provincial administre correctamente sus recursos) comenzaron a reclamar una bonificación salarial similar; planteo que fue re-chazado bajo el fundamento de que esas dependencias no producían recursos como sí lo hacía la Fiscalía con las subastas.

Lejos de desistir del reclamo, los tres organismos tomaron una medida insólita en 1999: dictaron resoluciones propias disponiendo el pago de la bonificación. El Ejecutivo no les enviaba los fondos para ese adicional salarial, pero los organismos lo pagaban igual de sus partidas presupuestarias para otros fines; partidas que de ese modo no les alcanzaban para llegar a fin de año, de manera que al final el Ejecutivo terminaba dándoles la plata que faltaba.

Al final, en el 2000 el entonces gobernador Ruckauf dictó un decreto estableciendo el pago de la bonificación en el Tribunal de Cuentas, la Tesorería y la Contaduría.

Pero hace unos meses, en medio del escándalo por los autos robados que aparecen en los desarmaderos, se sancionó una ley que suspendió las subastas de la Fiscalía.

Así se generó una situación curiosa: en la Fiscalía se acabaron los ingresos con que se pagaba la bonificación pero los organismos que la reclamaron porque la tenía la Fiscalía, la siguen cobrando.

Ahora, el Presupuesto del 2004 prevé que la bonificación salarial se siga pagando en los cuatro organismos y que cuando se reanuden las subastas, el dinero no quede en la Fiscalía sino que vaya a las arcas generales.

El hecho es que además de que el personal de todas las dependencias menciona-das se hizo acreedor de esta regalada bonificación cuyo justificativo de que se obtenida del producto ingresado por la venta de los vehículos subastadas, nadie duda de que también debería haber beneficiado al personal policial como principal interviniente precisamente en el secuestro y puesta a disposición de esos vehículos que como todos sabemos es la policía el principal proveedor.

Si alguna duda quedaba sobre la parcialidad del gobierno provincial sobre la distribución de las mejoras salariales este es uno de los tantos ejemplos en que como queda demostrado el personal policial es el último a tener en cuenta, de allí la urgente necesidad de que el gobierno nacional, por decisión propia o por la presión de quienes deben reclamar por estos derechos acceda al reconocimiento del derecho sindical del trabajador policial para que pueda convertirse en el canal de reclamo y diálogo necesario para evitar su eterna postergación frente a los demás iguales del sector público.

ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.