Al acudir el domingo a la sesión del Parlamento, el ministro de Turismo, Manuel Marrero, informó a la prensa que en enero de 2011 se abrirán las negociaciones con los inversionistas privados.

El proyecto impulsaría el salto del turismo cubano hacia un segmento todavía no explotado en la isla, el de los viajes de lujo, que tiene entre su mercado potencial a Estados Unidos, con casi diez mil clubes de jugadores y tres millones de yatistas.

El plan “ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, está en el proceso de implementación y se está concluyendo”, pero el gobierno aún estudia la letra pequeña, como el estatuto migratorio de los extranjeros que compren viviendas, la naturaleza de los contratos y la forma de asociación entre el Estado cubano y los inversionistas foráneos, indicó Marrero.

Con esa nueva fórmula, Cuba podría acceder a un flujo de inversión directa que no puede captar ahora por otras vías, abriría el que pudiera ser el mayor negocio inmobiliario nunca antes realizado en este país y generaría una cascada de nuevos empleos.

La decisión ya era conocida desde que el ministro de Turismo la anunció en mayo pasado, pero había quedado en la penumbra por la falta de reglas precisas y plazos definidos.

Marrero señaló que cuatro de los 16 proyectos están “muy avanzados” y se ubican así: dos entre La Habana y el balneario de Varadero (a 140 kilómetros de aquí), en la costa noroeste; uno en Pinar del Río (occidente) y otro en Holguín (oriente).

El funcionario no entró en detalles, pero las gestiones previas de los socios extranjeros han hecho visibles a varios de los proyectos, como el del grupo británico Esencia Hotels&Resorts, que anunció en 2008 su desarrollo Carbonera Country Club Resort, cerca de Varadero, con una inversión de 400 millones de dólares para levantar 730 viviendas en torno a una marina y un campo de golf de 18 hoyos.

Fuentes cercanas al proyecto informaron a La Jornada que Carbonera será un complejo exclusivo para socios, con canchas de tenis, gimnasios, servicios hoteleros, cabaret, centro de convenciones, área comercial y escuela de idiomas. Habrá villas, residencias y departamentos, que costarán entre 150 mil dólares y un millón 300 mil dólares, según el tipo y el tamaño.

Un polo turístico de esas dimensiones requiere una vasta contratación de personal para el servicio doméstico, el mantenimiento, la operación hotelera, jardinería, seguridad, transporte y tareas especializadas, que a su vez requerirán de viviendas cercanas y formas de traslado, apuntaron las fuentes.

Hasta ahora se sabía que la operación de Carbonera estaba a cargo de Cuban Golf Resort, una asociación entre Esencia y la corporación local Palmares. La empresa británica es parte de Havana Holdings, franquicitaria del bar cubano Floridita.

Otros proyectos conocidos son los de una sociedad británico-española en Bahía Honda, Pinar del Río, una empresa canadiense en Jibacoa (cerca de La Habana) y una compañía privada vietnamita, también en una zona cercana a la capital.

Una de las incógnitas que aún se tienen que despejar es la vigencia de la propiedad inmobiliaria. La versión que más ha circulado hasta ahora es la de una fórmula de “usufructo”, por el cual la compra tiene una vigencia determinada, por ejemplo de unos 50 años, al cabo de los cuales el titular o su sucesión tienen opciones de renovar el dominio en mejores condiciones.

Dentro del plazo del “usufructo”, el propietario podría comprar, hipotecar o vender la propiedad, pero el nuevo titular tendría que atenerse a la regla del fin de la posesión.

Otros tramos de la letra pequeña podrían incluir las regulaciones para la estancia de los extranjeros en Cuba –que hasta ahora es de un máximo de seis meses en cada viaje–, la importación de bienes como electrónicos, automóviles o equipos de comunicación y la forma de contratación del personal doméstico.

Una ley de 1995 permite a los extranjeros que residen fuera de Cuba la compra de bienes inmuebles para vivienda o vacaciones personales y autoriza a las empresas foráneas a que adquieran los locales necesarios para sus oficinas.

Sin embargo, la aplicación de esa ley, que regula las inversiones extranjeras, empezó a frenarse a finales de la década pasada, cuando el gobierno detectó que las viviendas se arrendaban ilegalmente o eran ocupadas por cubanos.