En declaraciones formuladas en Canal 7, en el programa 6, 7, 8, De Vido apuntó que “esa concesión nunca tuvo la aprobación del estado nacional a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que su entidad regulatoria y de la Secretaría de Comunicaciones que su entidad de aplicación”.

“Todos los usuarios son rehenes de una decisión de Fibertel, al disolverse. Utilizando una licencia trucha, apuntaba a una concentración que iba en detrimento de todas las pequeñas y medianas empresas del interior, sobre todo”, manifestó De Vido en el programa.

Comentó al respecto que “Cablevisión se fusiona de hecho en forma fáctica, se inscribe en Inspección de Sociedades Jurídicas, pero no había sido aprobada y no intervino la Comisión de Defensa del Consumidor”.

“Esta es una grave irregularidad, nosotros hace 20 días los intimamos a dejar de vender el servicio y nos respondieron con una campaña de promoción de ventas al día siguiente, incluso ellos reconocieron a fines del 2009 en la bolsa de Londres el riesgo que significaba tener a Cablevisión operando una licencia sin autorización del estado nacional”, dijo el ministro.

Argumentó que “queríamos estudiar la situación, pero ellos nos contestaron con una decisión que evidencia que no había de parte de la empresa vocación de cumplir con lo que marca la ley”.

Recalcó que “ahora dicen que Fibertel es una marca y no es una marca, es una compañía que se disolvió, que estaba registrada en la sociedad de inspecciones jurídicas, pero que en ningún momento tuvo la aprobación del Estado en cuanto a esa desaparición que significa menos puestos de trabajo y concentración de las comunicaciones en un solo grupo”.

“Esto es algo que venimos viendo desde el Estado y los propios legisladores votaron masivamente por la Ley de Medios Audiovisuales”, insistió De Vido.

El funcionario indicó que es necesario “transmitirle tranquilidad a los usuarios, y decirle que opten por algunos de los más de 300 alternativas que se presentan y que tengan su servicio de Internet con una empresa que esté legal, que esté autorizada por el estado Nacional”.
Señaló que “la migración es costo cero. Hay que migrar a algunas de las 389 empresas que hay en todo el país. Será un proceso gradual, no habrá una cuestión abrupta”.

Y recordó que si bien la resolución sostiene que en 90 días deben dejar de operar, “vamos ir viendo como se van dando las cosas con los usuarios y una vez que todos hayan tomado un nuevo operador, vamos a avanzar con lo que dicta la ley”.

Añadió al respecto que “seguramente las cooperativas esta semana van a salir a recuperar la parte del mercado que les hubiese correspondido a ellos”.

“Acá el problema no es si es una empresa nacional o internacional, el problema grave son los monopolios, algo que hemos sufrido durante todo este tiempo y tenemos que trabajar todos muy fuertemente para desconcentrar los monopolios”, manifestó.