El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, ha dirigido pedidos de informes a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a Cablevision S.A. , en una investigación que tiene por objeto tomar conocimiento directo de las circunstancias que motivaron la declaración de caducidad de la licencia de la empresa Fibertel S.A.

En la actuación iniciada de oficio, Sella señaló que es imprescindible que se garanticen los derechos de los usuarios de la mencionada empresa que cuenta aproximadamente con un millón de abonados.

Indica el Adjunto I a cargo de la Defensoría nacional que “resulta necesario investigar si la empresa operó al margen de la normativa específica en la materia, como así también las razones por las cuales el Estado habría permitido a la empresa prestar el servicio de manera irregular durante un importante período de tiempo”.

“Los únicos perjudicados – puntualiza Sella – son los usuarios, quienes de buena fe contrataron a un proveedor de Internet que entendían se encontraba autorizado a ofrecer el servicio, vulnerándose así sus derechos garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional”.