La iniciativa 7.258 tiene diez artículos y busca modificar la ley 23.737. En el primero de ellos, propone que se derogue la penalización de quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes o materias primas o elementos destinados a su producción o fabricación” .

Si bien el proyecto mantiene las penas de cuatro a quince años de prisión para aquel que “comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”, introduce una ligera modificación a este inciso de la actual ley (el D del artículo 5), que busca excluir a los que venden semillas.

Otra de las ideas que plantea es que desaparezcan de la “ley de drogas” las llamadas “medidas curativas”, que envían a los apresados a centros especiales “por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación”. Muchos detenidos se declaran “adictos”: así evitan ser condenados, pero son enviados de modo compulsivo a este tipo de establecimientos, una suerte de “pena encubierta” para las autoras.

Con respecto a las “mulas”, la idea es que el mínimo de pena baje de tres a dos años (aunque no el máximo, fijado en doce). Se volvería así un delito excarcelable. “Esto redunda en un trato más humano para quienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad ”, sostienen los fundamentos del texto.

Un punto controversial de esta iniciativa es la propuesta de eliminar por completo el artículo 14 de la actual ley, que condena con uno a seis años de prisión la tenencia simple y de un mes a dos años la tenencia para uso personal.

“Si se saca la tenencia simple, la Policía, los jueces y los fiscales van a tener que hacer inteligencia previa, escuchas telefónicas, encontrar a alguien comprando o transportando una sustancia ilegal”, explicó el abogado Luis Osler, de la revista de cultura cannábica THC y uno de los asesores de las diputadas.

“Con esta nueva legislación, la Policía sólo va a agarrar narcos o algo parecido, nunca a un usuario”, agregó, según publicó un matutino porteño.

Para Merchán, tanto la tenencia para consumo personal como la tenencia simple son “la base estructural mediante la cual la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso legal”.