La ley fue propuesta el pasado viernes por Chávez y fue aprobada en segunda y definitiva lectura una semana después por una amplia mayoría de diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), reunida de manera permanente para debatir con urgencia esta y otras leyes.

“Se declara sancionada la ley mediante la cual se autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan”, anunció la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, entre los aplausos de los diputados oficialistas.

“En el mismo dia de hoy (viernes) vamos a hacer entrega de esta ley sancionada al presidente de la República”, agregó.

La aprobación de la ley se produce a tres semanas de que asuma un nuevo Legislativo en el que los diputados de oposición ocuparán 67 de los 165 escaños, lo cual priva al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder) de la aplastante mayoría de los últimos cinco años, cuando legisló frente a una ínfima disidencia.

La oposición no se había presentado a las elecciones de 2005 en un vano intento de boicotear los comicios y no tuvo representanción en la Asamblea Nacional en los últimos cinco años.

El debate de esta ley en el Parlamento provocó rechazo dentro y fuera de Venezuela, donde voces críticas con el gobierno de Chávez la consideraron un ataque a a voluntad popular y a la recomendada separación de poderes.

“Es un plan del gobierno para tratar de inhabilitar al Parlamento y de gobernar (de forma) absolutamente autocrática a partir del proximo 1º de enero, sin ningún control”, criticó el diputado opositor Ismael García.

El gobierno solicitó esta ley que habilita al presidente para legislar argumentando la necesidad urgente de decretos provocada por las recientes lluvias en la país, que provocaron la muerte de 38 personas y dejaron más de 130.000 damnificados.

La solicitud de estos poderes especiales se hizo inicialmente por un año, pero respondiendo a una “solicitud de los propios afectados”, los parlamentarios aprobaron elevar el lapso a 18 meses.

“Urge dotar al presidente de la República (...) de un instrumento jurídico que le permita de forma expedita impulsar la concreción real de los principios constitucionales, que se exprese en el logro a corto y mediano plazo de soluciones dirigidas a construir un buen vivir que le procure la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano”, reza la ley aprobada este viernes.

A partir de su publicación en Gaceta Oficial, el presidente podrá emitir decretos con rango de ley sobre los siguientes ámbitos: necesidades urgentes derivadas de la pobreza y las lluvias, infraestructura, transporte y servicios públicos, finanzas y tributos, seguridad y defensa, cooperación internacional, vivienda, ordenación territorial y uso de la tierra urbana y rural.

“Ya tengo la primera batería de leyes. Tengo casi listas unas 20 leyes”, dijo el jueves el Jefe de Estado venezolano.

“Si el Ejecutivo nacional nos hubiese enviado las 20 leyes que dice ya tener preparadas, hubieramos avanzado en legislar para favorecer a las 33.000 familias damnificadas, pero eso no es el objetivo real del gobierno nacional”, señaló el parlamentario opositor Simón Calzadilla.

“Nuestro marco legal requiere de un conjunto de modificaciones para poder actuar de inmediato”, estimó en cambio el diputado oficialista Carlos Escarrá.

Chávez, que asumió la presidencia en 1999, ha utilizado poderes especiales para legislar en 2000, 2001 y 2008, periodos en los que aprobó por decreto más de 100 leyes.

La última ley que le dio estos poderes se extendió también por 18 meses, el periodo más largo de la historia democrática de Venezuela en el que un gobernante ha gozado de esta prerrogativa.

Paralelamente a esta ley, la Asamblea Nacional debate con carácter de urgencia otras que afectan al sistema bancario, a los periodos electorales, a las telecomunicaciones y medios de comunicación.

“Esta agenda nada tiene que ver con los problemas del país, responde a los problemas del presidente Chávez para resolver sus problemas de liderazgo (...) El pueblo necesita resolver problemas de inseguridad, de electricidad, de convivencia y ninguna de estas leyes refleja esta situación”, lamentó la diputada opositora Pastora Medina.