Si algún agravio nos faltaba recibir a toda la familia policial, era la infame calificación de golpistas. Pero que esta inmerecida injuria pública provenga de un jurista con prestigio internacional como es el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni es desconcertante, además de grave. Solamente podemos encontrar alguna explicación al conocer los antecedentes personales y cívicos de este señor, que no son nada ejemplares para un magistrado de tan alta investidura.

Hemos utilizando el método que tanto pregonara y nos enseñara su padrino político, Néstor Kirchner: La Memoria.

Así es que logramos recordar claramente, de quién se presume hoy de exhibir una ética y moral impoluta como para acusarnos a los policías de golpistas, lo siguiente:

Que fue Juez Nacional en lo Criminal de Sentencia entre 1975 y 1984. Es decir durante TODO EL GOBIERNO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL, COMUNMENTE LLAMADO LA DICTADURA!!!

Que el Dr. Eugenio Zaffaroni al ser propuesto para Ministro de la Corte tuvo 831 impugnaciones y solamente 134 adhesiones. No obstante fue designado.

Que en el interrogatorio a que fue sometido en el Senado, admitió que había incumplido obligaciones con la AFIP durante 8 años.

Que reconoció que al asumir como Director del Inadi en el año 2000, omitió consignar en su declaración jurada que tenía una cuenta en el Banco Credit Suisse de Suiza, con U$S 40.000.

Que en el Senado fue cuestionado por el modo por el cual compró en el 2002 una casa en el barrio de Flores que pagó U$S 82.000 siendo que en 1998 esa casa había sido vendida en U$S 400.000; y explicó que parte del dinero se lo habían prestado amigos de México.

Que también reconoció haber jurado como Juez por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional; que antes había jurado por la Constitución reformada por el gobierno del General Agustín Lanusse y que más antes, también había jurado durante el gobierno del General Juan Carlos Onganía.

Que se lo impugnó, además, por su sociedad con el abogado Jacobo Grossman, ex preso en la Cárcel de Caseros con una larga lista de secuestros extorsivos, entre los que se anotaba el del Presidente de Pepsi Cola.

¡Este señor, tan flojo de papeles para desempeñarse en ese cargo, no puede acusar a los policías de golpistas ni de nada! Porque para empezar, cualquier oficial de policía nunca habría podido ingresar a la Escuela Juan Vucetich ni con uno solo de sus antecedentes. Es decir que todo policía es investigado para ser admitido en la fuerza, y luego de treinta años, nuevamente investigado y estar libre de cualquier imputación como condición para otorgársele el retiro activo. Pocos son los funcionarios de otras áreas de la administración pública que pueden exhibir tales títulos. El Sr. Zaffaroni no podría haber ingresado en la policía.

El Señor Juez debiera saber, por haber sido parte del Poder Judicial colaborador de aquella dictadura y por sus eminentes conocimientos de la realidad histórica argentina, que la institución policial de la provincia de Bs. As. ni sus miembros jamás fueron golpistas. No fueron policías precisamente los que colaboraron en la planificación ni en la ejecución de los derrocamientos de gobiernos democráticos; tampoco fueron policías los premiados con cargos políticos en los gobiernos militares, ni siquiera aquellos policías que eran abogados –que eran muchos- ocuparon cargos en el poder judicial, como sí lo hicieron civiles profesionales del derecho, tal el caso de quién alegremente nos acusa.

La Policía de la Provincia de Bs. As. fue una repartición pública más del Estado que debió transitar obligadamente el curso de la historia. Sus integrantes éramos nada más que empleados públicos que debimos seguir con nuestra misión de brindar seguridad a los vecinos, que era nuestro deber y nuestra fuente de trabajo. Nuestro único medio de vida. Seguimos en nuestros puestos como siguieron los maestros, los médicos, los enfermeros y los empleados judiciales. Y la pasamos muy mal. Sufrimos persecuciones de los guerrilleros que nos cazaban como a liebres, perdimos compañeros y amigos en las emboscadas montoneras y juntamos los pedazos de camaradas destrozados con bombas que ponían esos “jóvenes idealistas”. Pero no nos escondimos, no pedimos custodias en nuestras casas, ni nos exiliamos. Nos quedamos junto al pueblo aterrorizado de entonces, como correspondía. Tampoco anduvimos por el mundo lloriqueando ni reclamamos indemnizaciones, porque entendemos que a la patria no se le pasa factura por los servicios prestados.

Los policías somos víctimas sobrevivientes de aquella larga y trágica noche que la clase dirigente argentina no supo o no quiso prevenir ni evitar. Y todos, incluidos los más jóvenes, estamos padeciendo las secuelas injustamente. Esta es la verdad. Y es por ello que estamos hartos de escuchar a tantos tilingos importantes, que pretenden estar en la cresta de la ola a costa del buen nombre y honor de los trabajadores policías. No hay que callarse más. Y en mi opinión personal deberíamos exigirle al Juez Zaffaroni que ofrezca disculpas públicas por sus dichos.

El desgraciado episodio en el que perdieran la vida los militantes Kostequi y Santillán, que precipito la salida del gobierno del Dr. Eduardo Duhalde, no fue una maniobra golpista. Esa afirmación es una infamia. Aquel episodio fue un proceder negligente de un grupo de policías sin disciplina, mal conducidos; producto de la pésima preparación y conducción política del equipo que seguía las pautas del nefasto plan iniciado en 1998 y elaborado por León Arslanián, que hoy asesora al gobierno nacional en materia de seguridad, y que tan solícitamente el Sr. Juez Zaffaroni acaba de respaldar públicamente, en lo que seguramente debe ser parte de una operación para insistir con los planes de Garré, Arslanián y compañía en el desguace de las instituciones policiales.…

Y con respecto a las acusaciones acerca de que las estructuras políticas históricamente toleraron o toleran la corrupción policial, porque no exhibe las pruebas y da impulso judicial a una profunda investigación. ¿Quién mejor que un miembro de la Corte para encargarse de este asunto?

Cualquiera sea el motivo de la inexplicable ofensa, habría que recomendarle al alto funcionario, que para acusar y pretender dar lecciones de ética y moral, primero hay que mirarse por debajo de la cintura y asegurarse de no tener la bragueta abierta.
ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.