Según datos oficiales, se estima que 3500 bonaerenses fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entre ellos, hay hijos de ex detenidos que al momento de la aprehensión quedaron a cargo de familiares o amigos de sus padres.

Según informó la Jefatura de Gabinete provincial, el beneficio surge de la Ley 14.042 promulgada en octubre de 2009 por el gobernador Daniel Scioli. La norma establece una pensión para aquellos que durante la última dictadura militar fueron condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de Seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Y también para sus hijos, si eran menores al momento de la detención y quedaron bajo el cuidado de otras personas.

“Los Derechos Humanos son un tema del pasado, del presente y del futuro. Por eso es tan importante el reconocimiento del Estado y la reparación, en alguna medida, ante el dolor de estos ciudadanos que fueron perseguidos por creer en la política como herramienta para cambiar la realidad. Y que postergaron objetivos personales para defender sus ideales”, afirmó Scioli.

Para otorgar la pensión se utiliza como base el Registro Provincial de ex-presos políticos, impulsado por la Provincia “con el objetivo de conocer la cantidad potencial de beneficiarios y además realizar aportes al esclarecimiento de sucesos ocurridos durante la última dictadura”. Se trata de un registro voluntario en etapas, actualmente parcial, pero que contempla su reapertura periódica con el objetivo de cubrir progresivamente la totalidad del universo de beneficiarios, se detalló.

Hasta el momento son 1.602 los beneficiarios de la ley 14.042 registrados en la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 75 % son hombres y el 25 % restante mujeres. En tanto que del conjunto de los ex detenidos, el 64% declaró contar con trabajo, alrededor del 25% es jubilado y el 9% se encuentra desocupado. Asimismo, cerca del 20% de los ex presos políticos registrados no cuenta con cobertura médica.

Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos, Sara Dorotier de Cobacho, destacó la iniciativa ya que “hay muchos ex detenidos que no tenían ni la obra social”.

Fuente: El Día, de La Plata